El pasado 07 de octubre la Cámara de Diputados aprobó el proyecto impulsado por el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara baja, Pablo Yedlin, que autoriza al Gobierno adquirir las vacunas destinadas a generar inmunidad contra el coronavirus y que habilita al Estado Nacional a firmar convenios que mantendrá la jurisdicción de tribunales extranjeros.
La iniciativa tiene como objetivo facilitar la compra de las vacunas contra el COVID-19 incorporando herramientas que hoy no se encuentran en la legislación argentina. Dicho proyecto de ley declara de interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas en el marco de la emergencia sanitaria.
El presidente de la Comisión de Salud explicó que en la actualidad hay dos modalidades para comprar las vacunas. Una es por medio del fondo Covax, que administra la Organización Mundial de la Salud, en el cual participa Argentina. La segunda modalidad está relacionada con los contratos bilaterales que mantienen los gobiernos de distintos países con los laboratorios productores de la vacuna, entre los que se encuentran AstraZeneca, Moderna y Pfizer.
Se exigen cláusulas especiales en los contratos ya que laboratorios como AstraZeneca proveen vacunas subsidiadas a bajo costo que trasladan a los países compradores parte de los riesgos del desarrollo de la vacuna.
Proyecto aprobado
El proyecto fue aprobado por 230 votos aportados por el Frente de Todos, la mayoría de los integrantes de Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal, el Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo y el Movimiento Popular Neuquino. Los dos diputados de izquierda, el presidente de la UCR Alfredo Cornejo, y otros cinco legisladores de Juntos por el Cambio votaron en contra, y once legisladores del principal bloque opositor se abstuvieron.
El legislador afirmó en una entrevista que la compra de las vacunas quedará exenta del pago de derechos de importación y de todo otro impuesto, contribución, tasa o arancel aduanero o portuario, de cualquier naturaleza u origen, incluido el impuesto al valor agregado (IVA).
La iniciativa permitirá que los juicios que se presenten por cualquier inconveniente en el proceso de compra de la vacuna no se realicen en la Argentina, sino en el país donde está radicado el laboratorio con el que se celebró el contrato. Al mismo tiempo, los contratos realizados en el marco de la ley deberán ser remitidos a la Auditoría General de la Nación (AGN) y a las Comisiones de Salud de la Cámara de Diputados y del Senado.
Controversias
La abogada especializada en derechos de propiedad intelectual, Lorena Di Giano, se mostró en desacuerdo con el proyecto y afirmó en una entrevista que una de las preocupaciones centrales es que las empresas, ante la comodidad de poder ser juzgadas en la jurisdicción de su conveniencia y en un marco de eximición de responsabilidad civil, dejen de lado la rigurosidad de los ensayos clínicos y terminen vendiendo una tecnología inapropiada, poco segura y con muy baja efectividad.
Sin embargo, la vicepresidenta de la comisión, Carmen Polledo (Pro), se mostró de acuerdo en actuar con rapidez frente a esta ley para que la situación no se agrave. Al mismo tiempo, para el diputado Yedlin es necesaria esta legislación para mejorar las capacidades de adquisición del país, ya que a nivel mundial existen 29 vacunas en fase uno, catorce en fase dos y once en fase tres de los ensayos clínicos, por lo que calculó que la capacidad máxima no alcanzará para todos.
“Estamos aquí con una enorme responsabilidad. Sabemos que esto no es lo óptimo, pero son los requisitos que la industria farmacéutica impone. Y la responsabilidad del Ministerio de Salud es llevar adelante estas contrataciones para comprar vacunas en un mercado escaso. Argentina solo va a aplicar las vacunas que estén autorizadas por el Ministerio de Salud y evaluadas por la ANMAT”, señaló el presidente de la Comisión de Salud.
