Reciente informe de las Naciones Unidas (ONU) ha acusado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros miembros colaboradores del régimen por perpretar crímenes de lesa humanidad. La investigación señala que desde el 2014, las fuerzas armadas han sido dirigidas por el gobierno para el uso sistemático de la violencia y la tortura.
El Consejo de Derechos Humanos de la organización, ha revelado que las autoridades venezolanas dictaminaron órdenes y condiciones para realizar ejecuciones arbitrarias y torturas sistemáticas. El documento de 443 páginas responsabiliza directamente de estos crímenes a Maduro, al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello; y a los ministros del Interior y Defensa, Néstor Reverol y Vladimir Padrino López. Asimismo, también se acusa a otros altos funcionarios del régimen.
Según el canciller venezolano, Jorge Arreaza, el informe está lleno de falsedades, y viene de parte de “una misión fantasma dirigida contra Venezuela y controlada por gobiernos subordinados a Washington”.
Por otro lado, Marta Valiñas, la presidenta a cargo de la investigación, recomendó al gobierno de Venezuela que lea informe y que lo tome en serio. De igual manera, aseveró que según la legislación internacional y local, “el Estado venezolano es el principal responsable de estos crímenes”.
Consecuencias internacionales
La Corte Penal Internacional de La Haya (CPI) había iniciado investigaciones en el caso de Venezuela desde febrero de 2018. El especialista en Derecho Internacional, Marco Roscini, aseguró que los crímenes cometidos pueden ser juzgados por la CPI, a partir de la realización de una investigación completa. Para Roscini, es necesario que se pruebe que las afectaciones de lesa humanidad formen parte de una herramienta política del Estado, y no solo como sucesos individuales. Asimismo, dijo que bajo la jurisdicción universal, crímenes así de graves tienen consecuencias en cualquier tribunal del mundo, sin importar la procedencia del delito.
Otro escenario que plantea el especialista, es que los invididuos implicados no sean investigados. Y que solamente el Estado venezolano sea juzgado ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Alemania se pronuncia
El gobierno alemán hizo eco del informe, condenando las violaciones recogidas en el documento, y se adjuntó a la postura del Grupo Internacional de Contacto, considerando que no hay condiciones para la adecuada celebración de los comicios en Venezuela. La portavoz del Ministerio de Exteriores, Maria Adebahr, aseguró que no hay tiempo suficiente para eliminar todos los obstáculos que impiden unas elecciones democráticas.
“Esa es la opinión de la ONU, la opinión de la Unión Europea (UE) y también la nuestra”.
