La captura de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa, ha desencadenado una intensa ola de violencia en Culiacán y otras partes del estado. La detención del narcotraficante, llevada a cabo el 25 de julio de 2024 en un operativo conjunto entre agentes del FBI y la DEA, ha generado enfrentamientos entre facciones rivales dentro del mismo cártel, particularmente entre los seguidores de «El Mayo» y aquellos leales a «Los Chapitos», hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Enfrentamientos y víctimas
A partir de la captura de Zambada, la violencia en Sinaloa ha escalado rápidamente. En las semanas posteriores, se han registrado al menos 13 enfrentamientos armados en la región, con un saldo de más de 50 muertos, incluidos civiles y militares. Además, se reportan decenas de desaparecidos y una constante amenaza a la población. El conflicto se ha manifestado en bloqueos de carreteras, balaceras en áreas urbanas y el uso de explosivos, lo que ha sembrado el pánico entre los habitantes de Culiacán.
La gravedad de la situación ha llevado a la suspensión de actividades escolares en varios municipios, incluidos Culiacán, Cosalá y Elota, en un intento por proteger a los estudiantes y docentes del riesgo de enfrentamientos armados. También se cancelaron las festividades patrias del 15 de septiembre, algo inédito en la región desde hace casi dos décadas.
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Responsabilización y tensiones políticas
Andrés Manuel López Obrador ha responsabilizado a Estados Unidos por la ola de violencia que se ha desatado en Sinaloa tras la captura de Ismael «El Mayo» Zambada. En una conferencia de prensa, el presidente mexicano afirmó que la detención se realizó de manera unilateral y sin informar al gobierno mexicano, lo que ha contribuido a la inestabilidad en la región.
López Obrador señaló que el operativo para capturar a Zambada fue llevado a cabo por Estados Unidos sin coordinación con México, lo que considera una falta de respeto a la soberanía nacional. Afirmó que «no se puede actuar así, sin tomar en cuenta al gobierno de México» y que este tipo de acciones unilaterales no pueden ser aceptadas en una relación de cooperación.
El presidente afirmó que la decisión de Estados Unidos de realizar el operativo sin consulta ha provocado la violencia actual en Sinaloa, caracterizada por enfrentamientos entre facciones del Cártel de Sinaloa. Desde el 9 de septiembre, se han reportado múltiples muertes y enfrentamientos violentos en la región.
A pesar de las afirmaciones de López Obrador, el embajador estadounidense, Ken Salazar, respondió que no se puede atribuir la responsabilidad de las masacres y la violencia en México a Estados Unidos, sugiriendo que hay un problema interno de inseguridad y violencia en el país.
López Obrador también ha criticado el manejo del problema del fentanilo en Estados Unidos y ha pedido más colaboración entre ambos países para abordar las causas subyacentes del narcotráfico y la violencia
Senadora denuncia 79 asesinatos y pérdidas materiales
La senadora Paloma Sánchez Ramos, del PRI, ha denunciado que Sinaloa enfrenta una grave crisis de violencia, con 79 asesinatos y 70 desaparecidos en las últimas dos semanas, tras la fractura del Cártel de Sinaloa. La legisladora criticó la «indolencia e incapacidad» del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y del estado gobernado por Morena para garantizar la seguridad, señalando pérdidas económicas que superan los 5 mil millones de pesos. Desde el 9 de septiembre, la violencia ha generado un clima de temor e incertidumbre. A pesar de la reciente llegada de 600 elementos militares para combatir la situación, la senadora enfatizó que la población se siente secuestrada en sus hogares, mientras las autoridades no logran contener la ola de criminalidad.
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Impacto en la población
Cientos de negocios han cerrado debido al temor de enfrentamientos, mientras que la vida cotidiana de los más de 800,000 habitantes de Culiacán se ha visto interrumpida. Las pérdidas económicas por los cierres y el temor generalizado ascienden a más de 567 millones de pesos diarios. Además, muchos residentes han optado por no salir de sus casas, y la presencia militar ha aumentado significativamente, con más de 2,000 elementos desplegados para intentar controlar la situación.
Las autoridades continúan los esfuerzos para reducir la violencia mediante operativos conjuntos del ejército y la Guardia Nacional, aunque hasta el momento los enfrentamientos no han cesado.