Tras la validación de sus sentencias por negociación incompatible, Vladimir Cerrón intentó nuevamente anular su condena. Sin embargo, el Tribunal Constitucional (TC) resolvió declarar improcedente el hábeas corpus presentado por el abogado del expresidente regional.
El pasado 20 de julio, Josué Gutiérrez presentó el recurso alegando que las sanciones contra su representado son contrarias a la ley y que se habría vulnerado «la tutela jurisdiccional efectiva y lógica». No obstante, el máximo intérprete de la Carta Magna argumentó, en una resolución, que «la cuestión de Derecho contenida en el recurso carece de especial trascendencia constitucional».
En mayoría, los magistrados Carlos Ramos Núñez, José Luis Sardón de Taboada y Eloy Espinosa-Saldaña firmaron la resolución. Por el contrario, Augusto Ferrero y Ernesto Blume se pronunciaron en contra al considerar que se debía admitir la demanda a trámite y realizar una audiencia para escuchar los argumentos de la defensa de Vladimir Cerrón y del Poder Judicial en defensa de la sentencia.
Con este dictamen, el secretario general de Perú Libre permanecerá inhabilitado de ejercer cargos públicos. Asimismo, debe completar el pago de 850 mil soles por concepto de reparación civil.
La respuesta de Cerrón
Tras conocer la respuesta del órgano constitucional, el exgobernador de Junín no tardó en reaccionar. Para Cerrón, el Tribunal Constitucional actuó de manera rápida. Con ello, insinúa que el TC no habría tomado en cuenta todo lo presentado en su demanda de hábeas corpus. En la misma línea, afirmó que «la política sesga la justicia», para calificarse nuevamente de ser «víctima de persecución política».
En el mismo tweet anunció que presentará un recurso de reposición contra el Tribunal. Este tipo de recursos legales son un medio de impugnación que busca que el mismo funcionario u órgano que emitió una sentencia pueda corregir sus posibles errores de juicio y modificar su resolución.
¿Por qué había sido sentenciado?
Vladimir Cerrón Rojas fue dos veces elegido como gobernador regional de su natal Junín. Su primer mandato fue de 2011 a 2014, y el segundo, que inició en 2018, terminó antes de los 4 años previstos.
En 2019, el Quinto Juzgado Penal Unipersonal de Huancayo lo condenó a 4 años y 8 meses de prisión por negociación incompatible en agravio del Estado durante su primera gestión. Debido a ello, el gobernador regional fue removido de su cargo para posteriormente ser impedido de integrar la plancha presidencial de Perú Libre en las elecciones generales del 2021.
Sin embargo, el 9 de junio de este año, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Acobamba a cargo del juez Alain Salas Cornejo anuló la condena. Frente a ello, la Oficina de Control de la Magistratura inició una investigación y el Poder Judicial dictó una medida de suspensión preventiva contra Salas. Finalmente, el 28 de junio, el tribunal de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica revocó el fallo que dejó sin efecto las sanciones contra el fundador de Perú Libre.
