El último lustro ha sido uno de los periodos más turbulentos de nuestra historia republicana. Innumerables presidentes desfilaron por Palacio. Fuimos testigos de un cierre inconstitucional del Congreso. Expertises en ser «ciudadanos sin república», avanzamos poco en cuanto a Estado de Derecho e institucionalidad. Y, para empeorar nuestra situación, experimentamos como telón de fondo una tragedia sanitaria que aún no da señales de llegar a su fin. Pese a ello, existe un ámbito que ha caminado positivamente a pasos agigantados: la educación universitaria.
«Estar en la universidad es una cosa de locos». En verdad, es una cosa de preocupación. La formación de los profesionales en el Perú —el binomio imperfecto entre mercantilismo y mediocridad— de la mano de un presidente que no tiene palabra ni es maestro, ha generado en las últimas semanas un espacio en donde el esfuerzo de las pocas políticas de Estado como la reforma universitaria, estén en la mira de muchos políticos que quieren boicotearla. El ojo público se ha enfocado en la Sunedu, el gran elefante en la sala de una promesa incumplida por la mejora de la calidad educativa.
La Sunedu: un arma de doble filo
La reforma universitaria se inició hace siete años para imponer estándares de calidad y ordenar la oferta educativa que se extendió desde la década de los 90. La misma, encontró la feroz oposición de diversos mercachifles de la educación y sus operadores políticos, quienes durante los últimos seis años le pusieron trabas desde el Congreso a la Sunedu.
En medio del caos, la institución ha logrado varios aciertos. Estableciendo condiciones básicas de calidad y la implementación de un proceso de licenciamiento, se permitió el cierre gradual de 49 universidades de paupérrima calidad las cuales perjudicaban a más de 250 mil estudiantes, cuyas familias hacían un enorme esfuerzo para pagarlas, pero eran descaradamente estafadas. Empero, cabe mencionar, como dijo Sófocles, que «nada llega a la vida de los mortales separado de la desgracia». Y es así, como Daniel Mora, uno de los propulsores de la Ley Universitaria y excandidato por el Partido Morado, fue denunciado por violencia familiar contra su esposa. La Sunedu, formó parte de su gestión.
¿Corrupción y educación?
El negocio educativo de las familias Acuña y Luna confronta desde hace ya varios años la reforma universitaria. Son dos líderes políticos, vinculados a acciones de obstrucción a la reforma, los que han construido un conglomerado empresarial en torno al sector educación. El primero de ellos figura como José Luna Gálvez (Podemos Perú). Es el más visible de todos. Dueño del partido por el que postuló y del Consorcio Telesup. Y tiene tres casas de estudios con licencia denegada: la Universidad Privada Telesup, la Universidad de Ciencias de la Salud y la Escuela Internacional de Posgrado (EIP).
Luna Gálvez —investigado por corrupción en el caso Los gánsters de la política— emprendió acciones contra la Sunedu fuera del Congreso. En noviembre del año pasado, durante el efímero Gobierno interino de Manuel Merino, Telesup le envió una carta a la superintendencia en la que le daba 24 horas para acatar una medida cautelar obtenida en Bagua que anulaba la decisión de la Sunedu de denegar la licencia a sus casas de estudios. El juez que emitió la medida fue destituido y la carta notarial retirada.
Además de Luna, Rosío Torres Salinas es otro nombre al que hay ponerle cuidado en el Congreso. Fue electa con Alianza para el Progreso (APP), el partido de César Acuña. Este último es dueño de universidades y en su plan de gobierno proponía un «único y definitivo organismo de licenciamiento enfocado en el acompañamiento, la regulación, supervisión y fiscalización universitaria», una premisa que dista mucho del proceso actual de autorizaciones renovables.
Un nuevo manotazo ahogado
Alrededor de las tres de la tarde del domingo, un nuevo golpe a la educación se gestaba desde el Hemiciclo. Se debatió y aprobó dos dictámenes que, según expertos en temas educativos, afectan directamente a la reforma universitaria encabezada por la Sunedu. El primero de ellos, aprobado con los ocho votos de las bancadas de Perú Libre (4), Fuerza Popular (2), Acción Popular (1) y Renovación Popular (1), apunta a que los centros de educación superior que no lograron obtener la licencia institucional por parte de la Sunedu vuelvan a abrir sus puertas. Lo cierto es que dejar sin efecto el proceso de licenciamiento y dar facilidades a ciertas universidades sería contraproducente y podría suponer un peligro para la calidad universitaria.
El primer proyecto era para darles un comodín a las universidades no licenciadas y el otro para quitarle facultades a la Sunedu. Los «promotores de la contrarreforma» se encuentran encabezados por el legislador Esdras Medina (Renovación Popular). Lo acompañan en el intento sus colegas Darwin Espinoza (Acción Popular), y los de Perú Libre, Wilson Quispe, Edgar Tello y Óscar Zea. El proyecto de salvataje beneficiaría a 48 universidades sin licenciamiento, entre ellas, Alas Peruanas y Telesup. Esta última del ya conocido José Luna (Podemos Perú). Lo cierto es que las normas que hoy se discuten en el parlamento, son muy parecidas a las que se intentaron proponer en el 2016, con el objetivo de traerse abajo la reforma universitaria.
Sunedu: ¿y la palabra de maestro?
Los proyectos que se han presentado no son novedosos, pero la situación actual es más preocupante puesto que, a diferencia de lo ocurrido antes, ahora el Ejecutivo no demuestra un apoyo decidido hacia la Sunedu. Por el contrario, cuando se le ha preguntado sobre el tema al ministro de Educación, Carlos Gallardo, sus respuestas han sido elusivas. Como observamos en el cuadro anterior, Perú Libre, partido oficialista, votó a favor. ¿No eran acaso quienes luchaban a diestra y siniestra por dicha comisión y se abanderaban de defender la educación? Por si fuera poco, la última semana de noviembre, la Comisión de Educación recibió a los rectores de 10 universidades con licencia denegada. La discusión giró en torno a una nueva oportunidad de licenciamiento.
Además, el pasado mes el presidente Pedro Castillo realizaba una incursión playera a Agua Dulce. En la visita estuvo presente el Sr. Luis Hurtado Valencia, ex rector de la Universidad Peruana de las Américas, también con licencia denegada por la Sunedu. Una cercanía que no debería sorprender, pues el auditorio de esta universidad ha sido sede de eventos del partido Perú Libre desde la campaña presidencial.
«En defensa de la calidad universitaria»
Dieciséis universidades alzaron su voz el día de ayer a través de un comunicado. Las universidades del consorcio como la Pontificia Universidad Católica, la Universidad del Pacífico, la Universidad de Lima y la Universidad Peruana Cayetano Heredia, junto con otras, unieron fuerzas para exhortar al Congreso a no aceptar ambos proyectos que amenazan con la institucionalidad y que debilitan el rol de la Sunedu. «No debemos retroceder lo avanzado», sostuvieron.
Nuevo intento
Y en efecto, no debemos retroceder lo avanzado. Estamos frente a una nueva arremetida de inescrupulosos empresarios educativos que buscan salvar su bolsillo. No es la primera ni será la última vez que grupos de interés busquen anteponer sus intereses sobre el derecho de los estudiantes a una educación de calidad. Si bien la Sunedu y sus competencias son perfectibles y podrían tener espacio para debatirse y dialogarse, no se puede permitir que objetivos ya logrados se vean perjudicados. ¿No era la educación una propuesta base en la campaña del «profesor» Castillo? Cumpla con su resonado slogan fonético de «palabra de maestro». Dejemos de dar manotazos ahogados frente al futuro de cientos de miles de jóvenes. Los que están ahora y vendrán en un futuro. ¡Ni un paso atrás en la reforma universitaria!
