El compromiso de combatir la inseguridad ciudadana siempre ha sido el común denominador de los candidatos presidenciales y municipales. Pese a los esfuerzos de las autoridades para enfrentar la delincuencia, aún persiste el temor en la ciudadanía.
Una de las propuestas más polémicas para detener la delincuencia en los comicios del 2021 fue la del actual presidente de la República, Pedro Castillo. Este último señaló que se debía expandir el sistema de las rondas campesinas por todo el país.
En el discurso del 28 de julio, reafirmó su propuesta convocando a la conformación de rondas en zonas donde no existen, a nivel local y regional. Además, enfatizó que serían incluidas en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, en conjunto con la Policía Nacional del Perú (PNP).
«Debemos expandir el sistema de las rondas en Perú, que no es otra cosa que la población organizada. Nos comprometemos a formarlas donde no existen y a incluirlas al sistema de seguridad ciudadana».
Pedro Castillo
Reunión con el alcalde de Lima: No más rondas campesinas
Jorge Muñoz en reiteradas ocasiones ha expresado su desacuerdo frente a la propuesta del presidente. En una entrevista con diario El Comercio, expresó que «crear rondas campesinas desde el Ejecutivo es una intromisión, es no respetar las normas».
Además, subrayó que consideraba esta propuesta como un error y que no traería cosas positivas, sino más bien un riesgo, «porque así como hemos visto en Venezuela, Cuba, Nicaragua, que se arman grupos de civiles a los que se les entrega inclusive armas y eso se utiliza para temas políticos, para extorsiones, para cosas de esa naturaleza, estas rondas podrían también llegar a ello».
Tras varios días sin poder pactar una cita de carácter político entre el alcalde Muñoz y el presidente Castillo, finalmente se reunieron el día de ayer con el fin de abordar las dudas generadas por el mensaje presidencial del 28 de julio. Dentro de ellas, el temor de la expansión de las rondas campesinas.
Al final de la reunión, Muñoz dio a conocer que el presidente le informó que no habría rondas campesinas en Lima. En lugar de ello, coincidieron en reforzar a la Policía Nacional, el serenazgo y las juntas vecinales para fortalecer la lucha contra la delincuencia.
Controversias
Pese a la decisión pactada ayer, la ciudadanía aún mantiene un acalorado debate respecto al tema. Entre los integrantes de estos grupos, y los que se oponen a imponer esta figura en la capital, ha surgido una ola de críticas que van desde la incompatibilidad de la propuesta con la Ley de Rondas Campesinas, hasta la posibilidad de un aprovechamiento político de las mismas con el fin de militarizarlas. Dicho esto, en las siguientes secciones, se analizará brevemente la contradicción, inviabilidad e inconsistencia de la propuesta de Perú Libre desde la jurisprudencia.
Las rondas campesinas y el derecho
Se reconoce que el origen de las rondas se dio en Cajamarca, como una forma de enfrentar el abigeato (robo de ganado o animales). En 1976, en Chota, ciudad natal del presidente, se identifica la creación de la primera de estas rondas. Su rol fue creciendo en el país con los años, convirtiéndose en figuras de seguridad que llegaron a frenar el avance del terrorismo en las zonas más golpeadas del país.
Durante los años ochenta y noventa, los ronderos se convirtieron en el corazón de los Comités de Autodefensa. Con la frase «castiga, pero no mates», marcaban las distancias con el terror consumado por el líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.
Gracias a su impacto y organización, el Estado destacó a las rondas campesinas en la Constitución de 1993:
Art.- 140°: «Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial».
Con esto en mente, podemos considerar que las facultades de las rondas se limitan donde comienzan los derechos fundamentales de las personas. En la actualidad, y lejos de su propósito original, se encargan de llevar justicia a ladrones y violadores.
¿Eran viables en Lima?
La mayoría de críticas hacia las rondas campesinas se originan por los muchos tratos crueles y humillantes como un castigo y forma de interrogatorio. Algo que no está amparado en la Constitución y que ameritaría responsabilidad penal. Además, es evidente que semanas antes de la proclamación oficial del jefe de Estado, la llegada de las rondas campesinas a la ciudad para acelerar el proceso, causaron mayores temores en la población. Esto porque en paralelo a la revisión de las actas electorales, un manifestante sacó un machete mientras protestaba en favor de Pedro Castillo.
Pensando en la supuesta implementación en Lima (ahora presuntamente descartada), habría que revisar el reglamento de rondas campesinas en el Decreto Supremo 025-2003-JUS, donde se delimita el ámbito de acción de las rondas. Según su artículo 5°, el ámbito territorial mínimo para la conformación de una Ronda Campesina será el que corresponde a un caserío.
El Decreto Supremo 019-2003-PCM identifica al caserío como un centro poblado con una población concentrada entre 151 y mil habitantes. Por esto último, podemos entender que Lima y sus distritos no son aptos para su implementación. Para ello seria necesario realizar una modificación a las leyes citadas en párrafos anteriores, lo que requiere de un consenso político que debería ser debatido en el Parlamento con un fuerte bloque opositor al oficialismo.
Cabe añadir la existencia de la Ley 27908, Ley de Rondas Campesinas, que las reconoce como una forma autónoma y democrática de organización comunal. De esta forma, pueden establecer interlocución con el Estado o apoyar el ejercicio de funciones jurisdiccionales de las comunidades campesinas y nativas.
Integración de las rondas campesinas al Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana: ¿Conflicto con la PNP?
El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), creado por Ley 27933º, es el conjunto interrelacionado de organismos del sector público y de la sociedad civil (IDL). Su finalidad se basa en reducir y neutralizar la criminalidad y la delincuencia a nivel nacional, a través de una política de prevención multisectorial y control de la violencia.
Este sistema se encuentra a cargo del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), de la Presidencia del Consejo de Ministros, del presidente del Gobierno Regional, en el caso de los comités regionales, y de los alcaldes, en el caso de los comités provinciales y distritales. Sin embargo, también implica la participación de Poder Judicial y el Ministerio Público, así como el resto de organismos estatales que abordan una perspectiva preventiva y de protección de los derechos humanos, tal y como la Defensoría del Pueblo.
En conferencia de prensa, César Cervantes, jefe de la Policía Nacional del Perú (PNP), enfatizó que la PNP es la encargada de mantener el orden en la capital, y no las rondas urbanas. En este sentido, ¿habría un problema de colisión de funciones entre las rondas y la PNP? Esa sería la cuestión central, debido que ante la ausencia de una Ley de Coordinaciones, existen dos posiciones al respecto en la delimitación de las funciones de los ronderos: por un lado, se trata una cláusula abierta que dependería exclusivamente de la situación y, por el otro, debería ser un cláusula cerrada, que establezca supuestos en los que deben actuar las rondas.
No obstante, frente a una posible instrumentalización, la función de las rondas no va a cambiar, ya que existe la Ley de Rondas, y para se llegue a los escenarios hipotéticos, se debe modificar la norma y pasar por una consulta previa.
Ronderos en Lima
Para Víctor Vallejos, presidente de Confederación de Rondas Campesinas, la implementación de esta idea en Lima es inminente. Él considera que esta es una idea que se conversará con Vladimir Cerrón, por ser el líder del partido. La meta según Víctor, es implementar a los ronderos en la capital a través de tres fases. Primero 5 mil, luego 20 mil y finalmente 40 mil. Para de esta forma poder detener a los «fumones, drogadictos, prostitutas y malcriados». Vendrían de todo el país, pero se formarían en esta ciudad y podrían llegar a portar armas.
Estos ronderos operarían sin sueldo, pero la iniciativa sí vendría a requerir cinco mil millones de soles del presupuesto destinado a seguridad del año 2022. Estas medidas han generado una división entre los propios ronderos, ya que ellos mismos señalan que la iniciativa nace siempre forma comunitaria y no en el marco político a favor de un partido o una figura.
Pese a lo establecido por el alcalde y el presidente, en la avenida Juan Pablo en el Callao, se ha inaugurado la primera academia de ronderos. Según José Millones, encargado del espacio, el plan es comenzar un curso en quincena de agosto. Basta con llenar un formulario para inscribirte, sin presentar ningún CV ni antecedentes policiales.
Cabe añadir que el ministro del Interior Juan Carrasco también descartó la idea. «La policía cumple un rol fundamental y constitucionalmente autorizado. No existe ninguna disposición de parte de mi despacho para de alguna manera implementar rondas en la ciudad de Lima», aseguró.
Conclusiones
Frente a todo lo mencionado, es evidente que lo que se proponía va en contra de las facultades jurisdiccionales de las rondas campesinas. Lo cierto es que sería un fracaso replicar un modelo del área rural en una ciudad de la escala de Lima. Aplicar una fuerza ronderil sería un grave error del presidente Castillo. Finalmente, esta idea es absolutamente ineficiente, debido a que ya existe un sistema de seguridad ciudadana. Con muchas cosas que corregir, pero con normas reguladas. Esperemos que el jefe de Estado cumpla con su promesa, no la del 28 de julio, pero sí la establecida con el alcalde.
