Tras algunas reprogramaciones, ayer, el congresista Edgar Alarcón no pudo librarse del debate en el Pleno. Donde al final de la jornada, se decidió la aprobación de la denuncia constitucional y suspenderlo de sus funciones como parlamentario en tanto dure el proceso penal que afronte en su condición de excontralor general.
Respecto a la acusación constitucional 317, el Pleno del Congreso votó en favor de la medida con 62 votos a favor, 0 en contra y 13 abstenciones. Sobre la suspensión de los derechos y deberes funcionales, la aprobación obtuvo 60 votos a favor, 0 en contra y 14 abstenciones.
Alarcón es acusado de ser el presunto autor del delito contra la administración pública, enriquecimiento ilícito agravado, previsto y sancionado en el artículo 401 del Código Penal, en agravio del Estado peruano.
Tras la suspensión, el Congreso comunicará al Jurado Nacional de Elecciones la decisión, con el fin de emitir la credencial correspondiente al accesitario expedito para ser incorporado al Parlamento.
Cabe resaltar que el pasado jueves el congresista Alarcón comunicó que su nueva abogada sería la exparlamentaria Rosa Bartra, quién se presentó ante el Pleno para solicitar la suspensión del debate; sin embargo, se lo negaron y tuvo que continuar con la defensa de su patrocinado.
Acusación fiscal
La postura de la Fiscalía indica que Alarcón Tejada presenta un desbalance patrimonial entre junio del 2016 y julio del 2017 por un monto ascendiente a los S/ 201 377.24, en ese entonces era contralor de la República. El documento indica que este delito prevé una pena privativa de la libertad de entre 10 y 15 años además de una inhabilitación política.
Asimismo, Zoraida Ávalos, Fiscal de la Nación, realizó una denuncia en contra del entonces contralor por una serie de supuestos servicios simulados al interior de la Contraloría. Por esta razón, se da la demanda constitucional donde corresponde «iniciar el procedimiento constitucional de antejuicio político» contra el imputado.
