Los momentos de tranquilidad en el Ejecutivo parecen desvanecerse. Pese al reciente logro del Consejo de Ministros de conseguir la investidura, el premier Aníbal Torres vuelve a estar en el ojo de la tormenta. La reciente denuncia en su contra ante el Colegio de Abogados de Lima (CAL) se debe por su «conducta contraria a la ética». A continuación, Diario El Gobierno te presenta más detalles sobre el recurso presentado.
Autores de la denuncia
Los denunciantes del titular de la PCM alegan que Aníbal Torres habría infringido el artículo 4 del Código de Ética del Abogado, el cual expone que «el abogado es parte esencial de la defensa del orden democrático a través de su participación en el sistema jurídico del país». Asimismo, el texto normativo añade que la persona debe estar sujeta a principios como el de lealtad, probidad, veracidad, honradez y buena fe.
Ante ello, exprocuradores anticorrupción, abogados y docentes de ética en Derecho impulsaron la denuncia acusándolo de haber «incurrido en actos contrarios al Estado de derecho», al actuar con «falta de honradez y verdad». Algunos de ellos son Iván Meini Méndez, Walter Albán Peralta, José Carlos Ugaz Sánchez-Moreno y Luis Gilberto Vargas Valdivia.
LEE TAMBIÉN: Zamir Villaverde se presenta por primera vez ante la Comisión de Fiscalización
Los tres casos
En específico, la denuncia se centra en la destitución de Daniel Soria, Susana Hasembank y el direccionamiento de la publicidad estatal.
- Caso Daniel Soria
Durante el ejercicio de procurador general del Estado, Daniel Soria fue destituido a inicios del mes de febrero del presente año. La causal, según la Resolución Suprema N.°024-2022-JUS, fue la «pérdida de confianza», fundamento que era ilegal desde la perspectiva de Soria.
Los denunciantes consideran que la remoción del cargo «fue un acto de represalia por haber solicitado la investigación contra el presidente Pedro Castillo«.
- Caso en el INPE
Por otro lado, también se consideró el despido de Susana Hasembank en su cargo de presidenta del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE).
Bajo el mismo argumento del caso anterior, los autores de la denuncia sostienen que «la medida fue un acto de represalia del ministro porque Susana se había resistido a las presiones desde el Ejecutivo para liberar indebidamente al condenado por asesinato, Antauro Humala».
- Sobre el direccionamiento de la publicidad estatal
Este último fundamento incluye la denuncia realizada por Ximena Pinto, exsecretaria de Comunicación Social de la PCM, sobre la presunta dirección de la publicidad estatal para alcanzar fines políticos.
Su testimonio fue que Aníbal Torres trató de impedir que anuncios del Estado sean publicados en el Grupo El Comercio, como un intento «de castigar a dicho medio de comunicación por su línea editorial»
Consecuencias de la denuncia
Si la denuncia logra proceder, determinando responsabilidad disciplinaria, la sanción dependerá del grado de la infracción cometida (muy grave, grave y leve).
Así, el castigo podría ir desde una amonestación escrita hasta una suspensión o exclusión del Colegio Profesional.
