Alberto Venero Garrido, testaferro del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, perdió su inmueble después de que el Poder Judicial tomara la decisión de pasarlo a manos del Estado.
El Ministerio Público logró comprobar, a través de pruebas contundentes, que una propiedad ubicada en el distrito de Surco fue adquirida con dinero proveniente de actividades ilícitas.
Por eso, el Poder Judicial confirmó la sentencia y ordenó que el inmueble de la propiedad de Alberto Venero Garrido, valorizado en más de 4 millones de dólares, esté bajo la tutela del Estado Peruano.
La Fiscalía Superior Transitoria Especializada en Extinción del Dominio de Lima acreditó que Giulio Eduardo Chiauzzi Canales habría adquirido la propiedad con fondos ilegales.
Delitos en los que incurrió el ex testaferro de Vladimiro Montesinos
Asimismo, se comprobó que Alberto Venero fue el responsable de comprar estos inmuebles con dinero proveniente de actividades ilícitas. Además, fue acusado bajo el delito de colusión desleal, cohecho pasivo propio, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita.
También, las autoridades procesaron a Montesinos y otros exfuncionarios del régimen del expresidente Alberto Fujimori por corrupción. Estas acciones formaron parte de una amplia investigación que tenía como objetivo desmantelar una red de corrupción que operó durante el gobierno fujimorista.
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Antecedentes del caso Alberto Venero
El fiscal de la Cuarta Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Extinción de Dominio de Lima llevó adelante la investigación patrimonial, logrando que el Poder Judicial dictaminara a favor del Estado peruano. Esto declaró fundada la demanda de extinción de dominio sobre el inmueble.
No es la primera vez que Alberto Venero Garrido pierde una propiedad adquirida de manera ilegal. En 2021 se dispuso a transferir al Estado el 100% de las acciones a otro inmueble valuado en más de 3 millones de dólares, ubicado en el mismo Surco.
Por otro lado, en diciembre de 2020, el Estado recuperó más de 14 millones de dólares luego de llegar a un acuerdo extrajudicial con Venero Garrido. El monto corresponde a las ganancias generada por el ex testaferro de Montesinos, a través de la compra ilegal de armas, durante el gobierno de Fujimori.
El coordinador de las fiscalías especializadas en extinción de dominio, el fiscal superior Wilfredo Avellaneda Esaine, continúa trabajando en estos casos para garantizar la restitución al Estado de los bienes adquiridos con dinero ilícito.
Dichas acciones buscan sancionar a los responsables de corrupción y generar titularidad de bienes de origen lícito, favoreciendo al país
