La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó la inhabilitación política del ex presidente Martín Vizcarra. De igual forma, para Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete un tiempo de 8 meses y 1 año respectivamente.
Todo indicaría que Vizcarra corre el riesgo de ser inhabilitado en estas elecciones presidenciales y, probablemente, en las próximas. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó hoy, con 15 votos a favor la decisión.
Es bueno recordar que el antejuicio político que se realiza en contra del ex mandatario es por el ya conocido caso Vacunagate. Martín Vizcarra se vacunó de forma irregular contra el COVID-19, hecho que mantuvo oculto hasta que fue develado por la prensa. Para el Congreso , se incurrió en una serie de infracciones constitucionales como: falsa declaración en procedimiento administrativo, organización criminal, tráfico de influencias, cohecho pasivo propio, malversación, así como negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
¿Cuál es el siguiente paso?
Diario el Gobierno conversó en exclusiva con Erick Urbina, abogado constitucionalista, quien nos dará luz sobre este polémico caso. Una vez aprobada la moción por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales corresponde que esto se eleve al pleno del Congreso. Según Urbina, este tiene la capacidad de votar en cuanto crea conveniente. Una vez realizada la votación, si esta resulta a favor de la inhabilitación política, comenzaría al día siguiente inmediatamente.
«El pleno a través de votación tiene la potestad de rechazar o aprobar( 87 votos) la inhabilitación. Luego de ello, pasaría a la fiscalía. Es la Fiscal de la Nación quien debe acusarlo ante el Poder judicial. En caso este no condene al señor Vizcarra el caso se archivaría y la inhabilitación quedaría anulada», comenta el constitucionalista.
Pedido de Vizcarra a la Comisión IDH
Mediante una transmisión desde Facebook, Martín Vizcarra presentó una medida cautelar contra el Congreso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH). El exmandatario con esto quiere lograr que se archiven las denuncias en su contra. Para de esta manera asegurar su participación en las presentes elecciones.
Si bien Erick Urbina nos aclara que al ser un antejuicio político el acusado tiene derecho a la defensa en caso el Congreso vote de manera contraria a sus deseos. Pero, recalca que la potestad del Congreso de realizar este proceso prevalece, por lo que es poco probable que las denuncias sean archivadas.
