La Comisión de Fiscalización, presidida por Edgar Alarcón (Unión por el Perú) aprobó el informe final sobre el caso ‘Richard Swing’. En el mismo, el grupo de trabajo sugiere acusar constitucionalmente e inhabilitar del ejercicio de la función pública al expresidente Martín Vizcarra.
Votación
En total, 10 legisladores votaron a favor del dictamen en cuestión: 10 a favor, tres en abstención y únicamente Carolina Lizárraga (Partido Morado) en contra.
Mientras, las bancadas de Unión por el Perú, el Frente Popular Agricola FÍA del Perú (Frepap), Acción Popular, Podemos Perú, Alianza para el Progreso y Descentralización Democrática votaron a favor. La representación legislativa de Fuerza Popular y el Frente Amplio, en cambio, votarón en abstención.
Del mismo modo, los integrantes de la Comisión de Fiscalización solicitaron que, además del exmandatario, se señale a otros involucrados en el caso ‘Richard Swing’. Para ello, el titular del grupo de trabajo aseguró que se agregaría dicha disposición en el dictamen.
Recomendaciones
Según el informe final, se determinó que los funcionarios del Ministerio de Cultura habrían favorecido con nueve ordenes de S/ 175,400 a Richard Cisneros. En esta línea, se plantearon tres recomendaciones concretas:
Primera recomendación: acusación constituciónal
La primera sugerencia del grupo de trabajo es «acusar constitucionalmente al exmandatario Martín Vizcarra Cornejo, conforme al artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República y los artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Perú, por infracción constitucional y la comisión de varios delitos de función».
Segunda recomendación: inhabilitación
En este punto, se plantea que el pleno del Congreso de la inhabilite por 10 años al expresidente para el ejercicio de cualquier función pública. Según el informe, esta seria «una sanción ejemplar».
El informe sostiene que las medidas recomendadas para Vizcarra Cornejo responden a que él lideraría una organización criminal y a que habría cometido varios delitos de función.
Con la misma importancia, se indica que «habría existido un uso ilegítimo de la Ley de Contrataciones para favorecer a amigos y/o familiares para que accedan a puestos de trabajo del Estado, evitando someterse a la Ley Servir».
Tercera recomendación: acusación constitucional contra Gustavo Mostajo
En este último, se siguiere acusar constitucionalmente al exministro de Agricultura y Riego, Gustavo Mostajo Ocola, quien desempeño el cargo entre abril del 2018 hasta el mes de marzo del 2019. De igual manera, a la exministra de Agricultura y Riego, Fabiola Muñoz Dodero y al exministro de Agricultura, Jorge Montenegro Chavesta.
También se plantea imputar constitucionalmente a los exministros de Estado en la cartera de Cultura, Transporte, Vivienda, Educación y Defensa que desempeñaron los cargos entre los años 2018-2020. Estos culpados por delitos de omisión, de actos funcionales, al permitir que se ejecuten actos ilegales.
Defensa de Vizcarra
«La inhabilitación planteada por la Comisión de Fiscalización no procede porque ya el Tribunal Constitucional tiene sendas sentencias que han afirmado que se requiere de una sentencia confirmada, una cosa juzgada, firme, donde se determine la culpabilidad de una persona», aseguró Fernando Ugaz, abogado de Martín Vizcarra.
En la misma línea, indicó que presentarán una acción de amparo en caso se apruebe la medida en el pleno del Congreso. «[Si se aprueba la inhabilitación], el Congreso usurparía la función jurisdiccional de los jueces penales. En ese sentido, se tendría que interponer una acción de amparo, porque el Tribunal Constitucional describe que esta es la pauta para tratar de superar esta violación de garantías constitucionales».
