Nuestra sección de debates #VersusElGobierno forma parte del compromiso que tiene Diario El Gobierno con el voto informado para que todos emitamos un voto consciente el próximo 11 de abril. En esta segunda edición, contamos con la participación de las candidatas al Congreso por Lima Adriana Tudela, n° 5 de Avanza País, y Flor Pablo, n° 3 del Partido Morado, quienes nos expusieron sus principales propuestas y opiniones sobre temas de coyuntura nacional.
El programa se emitió a través de nuestra página de Facebook y fue conducido por la periodista Jomayvit Gálaga.
Bloque de propuestas
1. ¿Cuál es su eje principal de principales propuestas?
Flor Pablo (Partido Morado)
Una de las reformas centrales del PM es la educación, ciencia y tecnología, porque tenemos que desarrollar los talentos y capacidades de todas las personas. En nuestro país, quien tiene más recursos tiene mejor educación. Queremos cambiar eso a través del fortaleciendo de la educación pública, atendiendo a las zonas más vulnerables y a las personas con discapacidad. Todo con un enfoque de inclusión claro y fuerte. Para ello (poniéndonos en el contexto de pandemia) tenemos que mejorar la educación a distancia mediante una reingeniería del sector educación y trabajar intersectorialmente. Una primera medida en el Congreso será declarar en emergencia la educación, pues no podemos seguir gestionándola como si no existiera pandemia. Debemos simplificar y agilizar los procedimientos para comprar más rápido las tablets y avanzar así en las diferentes necesidades que tiene la población.
Adriana Tudela (Avanza País)
Comparto la frustración de muchos peruanos al sentir que tenemos una clase política que vive dándonos la espalda. Por eso, mi principal propuesta es lograr una reforma política de verdad, que le dé a los ciudadanos mecanismos para exigir rendición de cuentas por parte de sus autoridades. En esa línea, propongo pasar a elegir a los congresistas en un sistema de elección uninominal, en distritos electorales más pequeños de los que tenemos para que los ciudadanos tengan a una persona claramente identificable en el Congreso. Creo que con eso podremos fortalecer la representación. En segundo lugar, propongo renovar el Congreso a mitad de período para que la ciudadanía pueda evaluar el trabajo que están haciendo los congresistas. Por último, planteo volver al voto voluntario para generar los incentivos correctos para que los partidos políticos se esfuerzan por captar el voto de la ciudadanía.
2. ¿Cuáles son sus propuestas para solucionar el problema de la informalidad?
Flor Pablo (Partido Morado)
La informalidad tiene varios rostros, pero vamos a tocar la informalidad en el tema laboral. Una primera propuesta es invertir en capacitar y generar un oficio; es decir, mejorar la productividad de las personas. Tenemos 8 millones de jóvenes y adultos que no han terminado ni siquiera la secundaria y son parte de la informalidad; ahí necesitamos llegar con capacitación técnica vinculada a bolsa laboral, es decir un esfuerzo intersectorial. Para generar pequeñas empresas necesitamos asistencia técnica y microcréditos. De llegar al gobierno, planteamos la compra de insumos por parte del Estado a las pequeñas empresas, así dinamizaremos la microeconomía familiar, evitaremos el hambre y les aseguraremos un ingreso.
Adriana Tudela (Avanza País)
Desde avanza país entendemos a la informalidad como una gran fractura social. Tenemos casi un 80% de ciudadanos que post pandemia vive en la informalidad. Planteamos una reforma que logre que todos vivamos bajo el mismo sistema legal y podamos competir en libertad. Así pues, proponemos un plan de eliminación barreras burocráticas generadas por un estado mercantilista que regula solamente pensando en las grandes empresas que tienen los recursos para afrontar los costos que implica estar adecuado a esa normativa. Si logramos tener un sistema legal más simple, ordenado y predecible podremos avanzar para competir en igualdad de condiciones legales. De esa manera, habrá cada vez más nuevos actores en el mercado y más empleos. También planteamos poner en valor el capital de los informales a través de culminar el sistema de titulación, mediante un sistema de certificación que logre que los títulos sobre estos bienes sean transables no solo a nivel nacional sino a nivel global.
3. ¿Cuáles son sus propuestas para potenciar y mejorar la educación superior?
Flor Pablo (Partido Morado)
Nuestro planteamiento es avanzar hacia un siguiente nivel de reforma. Creemos que la reforma universitaria ha marcado un derrotero hacia dónde deben seguir las condiciones básicas. Proponemos ampliar las funciones de la SUNEDU para que se haga cargo del licenciamiento de la educación superior, técnica, pedagógica y artística. Eso llevaría a toda la educación superior a un estándar de calidad. Aquello supone una mayor inversión del Estado. Necesitamos avanzar en la educación superior universitaria con filiales y con más vacantes porque 3 de cada 10 adolescentes va a la educación superior. Además, tenemos que hacer que las carreras tanto técnicas como universitarias se correspondan a las oportunidades productivas que hay en el entorno económico y cultural de cada una de las localidades; para ello ya hay un Plan Nacional de Competitividad y Productividad que marca el rumbo de por donde tenemos que avanzar y alinearnos a esa ruta.
Adriana Tudela (Avanza País)
Creo que la reforma universitaria es un buen punto de partida; sin embargo, hay que fortalecer y mejorar algunos aspectos. Es necesario revisar algunos de los requisitos de licenciamiento para las universidades privadas y sobre todo es importante que la SUNEDU logre dar una solución integral porque hay muchos alumnos que se van a quedar sin la posibilidad de reinsertarse en otras universidades. En principio deberían ser las universidades que no han obtenido licenciamiento las que deberían reinsertar a los alumnos; sin embargo, esto no está ocurriendo. En segundo lugar, la SUNEDU tiene que articular su trabajo con el SINEACE. Debe hacerse un mayor énfasis en cuanto al control de la calidad educativa para poder certificar y hacer que estas certificaciones sean accesibles al público. Si logramos darles información a los consumidores, podremos avanzar mucho en cuanto a una mejora en la calidad.
Bloque de opinión
4. Relación entre la empresa privada y el sector salud
Flor Pablo (Partido Morado)
En el Partido Morado, creemos que la vacuna es un bien público. Nuestro compromiso es poder vacunar a todos los peruanos mayores de edad al 31 de diciembre de este año. Definitivamente, hay que establecer una relación de cooperación con el sector privado, pero en cuanto a la comercialización consideramos que debe ordenarse desde el Estado porque caeremos a un país desigual donde se vacunará quien tiene plata. Tenemos que hacer que la vacunación sea en función de las prioridades; es decir, comenzar con la primera línea (los adultos mayores) porque son criterios epidemiológicos que nos permitirán manejar la pandemia. No se trata de que pueda comprarse la vacuna quien tenga plata y así generar un desorden. Hay que manejar la pandemia con un criterio de país, de política pública y pensando en el bienestar de todos y todas.
Adriana Tudela (Avanza País)
Respecto a la gestión de la pandemia desde Avanza País, creemos que el Estado tiene que trabajar hombro a hombro con el sector privado. Desde ese punto de vista, creemos que es necesario que el Estado se apoye en las cadenas logísticas que el sector privado ya tiene establecidas a nivel nacional para acelerar y facilitar el proceso de vacunación. Lograr la pronta inmunización de toda la población es un tema prioritario. En segundo lugar, creemos que, cuando sea posible, se debe permitir la comercialización de las vacunas por parte de privados. Si le damos el monopolio del Estado de la distribución de las vacunas ocurrirán problemas como el visto durante las últimas semanas, en los cuales hay funcionarios que se han beneficiado accediendo ilegalmente a una vacuna que aún no estaba disponible para los peruanos. Asimismo, se generarán mercados negros, y eso es lo que tenemos que evitar.
5. ¿Considera que la disolución del Congreso fue o no constitucional?
Flor Pablo (Partido Morado)
Estuve en el gabinete de Salvador del Solar, así que soy parte de los que presenciamos ese momento. No es de esas buenas noticias que deberíamos tener en el país. Fue una situación muy compleja y de mucha polarización ocasionado por el clima de confrontación y el no llegar a un acuerdo, más allá de los esfuerzos que hacía el Premier en su momento. Y, bueno, se hizo el cierre constitucional del Congreso; de hecho, la Comisión Permanente consultó al Tribunal Constitucional que luego nos dio la razón y estableció que fue un cierre constitucional; así que no es lo que me parezca u opine. Fue un momento crítico que vivimos como país. Incluso en el Gobierno se planteaba el adelanto de elecciones porque el nivel de polarización era tal que, viéndolo a distancia, cerrar el Congreso hubiera sido la mejor decisión.
Adriana Tudela (Avanza País)
Yo sé que Tribunal Constitucional (TC) se pronunció a favor de la constitucionalidad del cierre del Congreso, pero eso no significa que los ciudadanos no mantengamos nuestro derecho de discrepar con las decisiones judiciales. Considero que el cierre fue inconstitucional y que la argumentación jurídica del fallo en mayoría del TC dejó muchísimo que desear. Esta decisión ha generado que se altere por completo el equilibrio de poderes. El TC ha señalado que el Poder Ejecutivo puede hacer cuestión de confianza sobre cualquier asunto de interés nacional, sin embargo, no define lo que es. En la práctica, se traduce en que tenemos un Congreso que vive a la merced de lo que quiere hacer el Ejecutivo. Considero que el Ejecutivo no puede hacer cuestiones de confianza sobre asuntos que son de atribución exclusiva del Congreso como una reforma constitucional o la elección de los miembros del TC, y eso no encuentra explicación en la sentencia. Asumir que el Ejecutivo puede hacer cuestión de confianza sobre asuntos que son de atribución exclusiva del Congreso no significa que el pueda atropellar sus procedimientos internos, exigirle que cambie su agenda o entrar a patadas al pleno para que las cosas se debatan cuando ellos quieren. El Congreso tiene el poder de auto determinarse. Además, la negación fáctica no está contemplada ni en la Constitución ni en la ley.
6. ¿Considera que fue correcta o no la vacancia por incapacidad moral permanente del expresidente Martín Vizcarra?
Flor Pablo (Partido Morado)
El Partido Morado en su momento no apoyó la vacancia; planteamos nuestra posición firme de que definitivamente no podíamos caer en semejante inestabilidad en plena pandemia, y lo sostenemos. No fue un tema de defensa al ahora expresidente Martín Vizcarra. La movilización ciudadana que costó la vida de dos jóvenes fue en defensa del régimen democrático. Actualmente, me siento absolutamente decepcionada del expresidente Vizcarra por lo que ha hecho. Ahora con el escándalo del vacunagate hay mayores argumentos para hablar de incapacidad moral de los que había. En ese entonces, era parte de toda la confrontación que hemos vivido durante este periodo de Gobierno. Han sido años muy duros y creo que el Congreso y el Gobierno tienen el gran desafío de la estabilidad para avanzar en democracia.
Adriana Tudela (Avanza País)
Considero que la vacancia contra el señor Martín Vizcarra se ajustó al marco constitucional, el cual señala que el Congreso de la República tiene la Facultad de declarar la incapacidad moral del presidente de la República y que es la mayoría parlamentaria la que determina cuál es esa incapacidad moral. Creo que no hubo un golpe de Estado. Puede ser que el momento en el que ocurrió la decisión fue inoportuno; sin embargo, creo que los hechos han dejado clarísimo que Martín Vizcarra es un incapaz moral y que no tiene la más mínima capacidad de distinguir entre lo que está bien y mal. Creo que el Partido Morado sí asumió una defensa férrea del señor Vizcarra, puesto que publicaron una carta a la opinión pública solicitando su restitución. Y, viéndolo en retrospectiva, creo que fue positivo que se le haya vacado más allá de los costos de cambio de mando que puede implicar porque no podemos tolerar ser gobernados por personas tan inescrupulosas, corruptas y que le faltan el respeto a la ciudadanía de manera sistemática solamente para ahorrarnos dificultades.
