Tras 42 años desde que nuestro país suscribió el Pacto San José, se ha debatido en reiteradas ocasiones la posibilidad de retirarnos de dicho tratado debido a las injusticias y delitos como violación, traición a la patria, entre otros. Esta mañana, el legislador Rubén Ramos (UPP) presentó el proyecto de ley Nº 6131/2020-CR que sería fundamental para que Perú se retire del Pacto de San José o también llamado Convención Americana de los Derechos Humanos.
«El pacto no fue consultado con la ciudadanía. Además, en dicha instancia, acudieron personas que formaron parte de los grupos terroristas Sendero Luminoso y MRTA, los cuales obtuvieron la anulación de sus sentencias», aseveró el parlamentario de UPP.
«El presidente Martín Vizcarra y el Congreso de la República deberán declarar la necesidad de salir de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos para efectuar decisiones más acertadas, y establecer los castigos contra los personajes que dañen nuestra sociedad», concluyó.
¿Qué es el Pacto San José?
Recordemos que el pasado 22 de noviembre de 1969, se suscribió el Pacto de San José como un tratado que protege los derechos humanos. Por ello, los Estados que lo conforman tienen la obligación de impulsar leyes de desarrollo económico, social y cultural que se encuentran establecidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Cabe destacar que Perú suscribió el pacto el 27 de julio de 1977, y en de diciembre de 1978 se ratificó su adhesión.
La pena de muerte
La pena de muerte está en el ordenamiento jurídico del artículo 140 en la Constitución Política del Perú de 1993. No obstante, la última ejecución en nuestro país fue aplicada en 1979, en el gobierno de Francisco Morales Bermúdez donde se fusiló a Julio Alfonso Vargas Garayar, exsuboficial de la FAP, por traición a la patria pues se le acusaba de realizar espionaje a favor de Chile.
Los parlamentarios de UPP explicaron que abandonar la instancia internacional sería esencial para decidir respecto a la pena de muerte para personas “que realizan actos en contra de la sociedad y que no puede regenerarse o resocializarse.
«En nuestro país la impunidad sobre actos que son graves contra los niños, contra el Estado y los peruanos, como es el caso del robo o malversación de recursos mediante actos de corrupción durante épocas de emergencia (…) es necesario que se escuche la voluntad del pueblo y nos retiremos de la competencia de la Corte Interamericana, así como denunciemos el Pacto de San José”, detallaron en el oficio 6131/2020-CR.
