Pobladores de la comunidad indígena Cuninico retuvieron contra su voluntad a más de 140 turistas de distintas nacionalidades el pasado 4 de noviembre, en protesta por la indiferencia del gobierno de Pedro Castillo Terrones.
La advertencia estaba hecha. Desde el 1 de noviembre, los Cuninicos comunicaron a través de sus redes sociales que, junto a colectivos de los distritos aledaños, bloquearían el acceso a las embarcaciones que pasaran entre Iquitos, Yurimaguas y San Lorenzo. A pesar de haber clamado ayuda al Estado, a razón del derrame de petróleo registrado el pasado 16 de septiembre en el río Marañón, nunca recibieron respuesta. Por lo que tomaron drástica decisión.
El jueves 3 de noviembre, el capitán de la lancha, que iba rumbo Iquitos y llevaba un total de 150 turistas peruanos y extranjeros, se percató que el paso fluvial en el distrito de Urarinas estaba bloqueado por botes de madera y paja. Rápidamente, apagó los motores, quedando a disposición de los pobladores de la zona que rodearon de manera inmediata el perímetro del barco.
Los indígenas abordaron la nave y manifestaron sus intenciones a los pasajeros. Según testimonios de los afectados, estos hombres no amenazaron con hacerles daño, sin embargo, cortaron la luz eléctrica y dañaron los motores. Además, mencionaron que los dejarían a su suerte sin alimentos, agua y medicamentos.
A bordo habían 25 niños, al igual que personas de la tercera edad, las cuales entraron en pánico gracias a lo preocupante de la situación. Por si fuera poco, en los alrededores estaban apostados varios arqueros y lanceros camuflados por la maleza del lugar. De esta manera, los Cuninicos intimidaron a los civiles con algún intento de escape o entablamiento de conversaciones con los suyos.
Insensibilidad del Primer Ministro
Ese mismo día, desde Piura, el Premier, Aníbal Torres, increpó que «algunos miembros de esas comunidades nativas son los que cortan el oleoducto para después reclamar indemnizaciones». Asimismo, informó que «el hospital principal de Loreto atendió a un grupo de turistas americanos», hecho aún sin corroborar.
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La liberación
Tras 24 horas de retención, diversas entidades dialogaron directamente con los Apus de las comunidades involucradas. Uno de ellos es Walter Trujillo, líder de la comunidad Cuninico, quién defendió su ideal. «Esta medida, que se da por segunda vez, es por los constantes derrames de petróleo que se vienen dando. Hemos ido a la embarcación para informarles [a los turistas] por qué se está haciendo esto: por la desatención del presidente”, manifestó.
La defensoría del Pueblo, cumpliendo su rol de proteger los Derechos Humanos, logró entablar conversación directa con los dirigentes y los instaron a continuar con la mesa de trabajo establecida con el Estado el pasado 17 de octubre y que no pudo ser terminada de manera concreta. Aquella opción sería la aceptada concluyentemente.
Antes del mediodía del 4 de noviembre, la embarcación quedó liberada y se enrumbo al distrito de Nauta, donde, según la ministra de Energías y Minas, Alessandra Herrera, previó que serían atendidos y mencionó que «se debe respetar el libre tránsito de las personas pues es un derecho constitucional».
Aprovechando la situación, señaló sobre el derrame del combustible que ha desencadenado estos hechos «no se produjo por el deterioro de una tubería del Oleoducto Norperuano, sino que esta se produjo por la acción humana».
En defensa de los Cuninicos
El abogado defensor de comunidades nativas, Juan Carlos Ruíz Molledo, habló sobre las trabas que la empresa encargada del petróleo peruano mete sobre al respecto de los desastres ambientales. «Cada vez que hay un derrame, el discurso de PetroPerú es SABOTAJE».
En sus palabras, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) le dio la razón a su denuncia por un derrame ocurrido en junio de 2014 y lo único que consiguió fue una multa de más de S/.600 millones de soles para la empresa adjunto a un memorándum. «Responsabilidad administrativa por no dar mantenimiento al oleoducto, daño real a la flora y fauna y daño potencial a la salud».
Cabe recordar, que en los últimos 10 años han ocurrido 424 derrames de petróleo en los ríos amazónicos cada vez más desprotegidos y olvidados por el Estado.
