El Tribunal Constitucional aprobó dos recursos presentados recientemente por el Legislativo ante la posible disolución del Congreso: la medida cautelar y la demanda competencial. Este último recurso fue solicitado por el Parlamento tras la denegatoria de la cuestión de confianza planteada por el expremier Aníbal Torres sobre una ley que regula el referéndum.
Los magistrados Francisco Morales, Luz Pacheco, Luis Gutiérrez, Helder Domínguez, Manuel Monteagudo y César Ochoa estimaron que dichas medidas resultan adecuadas para evitar los graves efectos institucionales que podrían ocurrir ante el rechazo de plano de la cuestión de confianza. Los recursos responden, por lo tanto, a la posibilidad de que el Gobierno de Castillo cierre el Congreso tras el mencionado rehusamiento.
Incluso recordaron que las medidas cautelares «están destinadas a neutralizar la posible ineficacia del proceso principal, cuya finalidad consiste en garantizar la conservación o modificación de la situación jurídica existente según el contenido de la pretensión». Por tal motivo, suspendieron cualquier exégesis que pudiera derivarse del Ejecutivo en torno a la denegación de la cuestión de confianza, como se hace referencia en el Acta de la sesión del Consejo de Ministros correspondiente al 24 de noviembre de 2022.
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La cuestión de confianza de Torres
El último 9 de noviembre, el Gobierno del cuestionado Pedro Castillo presentó la primera cuestión de confianza mediante el Oficio 433-2022 que remitieron al Congreso. En el documento se exige el debate y votación del Proyecto de Ley 1704-2021, que fue presentado el 8 de abril de 2022 ante María del Carmen Alva Prieto —entonces presidente del Legislativo— para derogar la Ley 31355. Esta norma avala que la moción de censura contra el Consejo de Ministros pueda ser presentada por no menos del 25 % del número legal de parlamentarios.
Ese no era el único requerimiento. Pues advirtieron que acudirían al siguiente Pleno para exponer dicha proposición de manera exhaustiva y pormenorizada, debido a que la iniciativa del Ejecutivo carecía del dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento. «Han transcurrido siete meses desde su presentación. […] El artículo 105 de la Constitución establece el carácter prioritario que tienen las iniciativas legislativas del Ejecutivo. A pesar de ello, y de haber sido reiterada su prioridad mediante Oficio N° 41-2022-PCM-GA el 2 de noviembre de 2022, sigue sin ser atendido».
Además, el exprimer ministro Aníbal Torres sustentó la cuestión de confianza con el eje seis de la Política General de Gobierno: democracia, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción. Asimismo, arguyó que la existencia de la Ley 31355 restringe la facultad de usar dicho instrumento político y debilita al sistema democrático en cuanto a las atribuciones del Ejecutivo.
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Pronunciamientos de constitucionalistas
Pero los argumentos de Torres fueron criticados por reconocidos especialistas. Por ejemplo, el constitucionalista Natale Amprimo calificó de improcedentes las peticiones formuladas en el Oficio 433-2022. Por su parte, el destacado Domingo García Belaúnde dilucidó que era absurda la exigencia del ahora flamante asesor II de la PCM. «No puede con una cuestión de confianza pedirle al Parlamento que vote una reforma constitucional».
A inicios del presente año, sin embargo, el Pleno del Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad iniciada por el Gobierno de Castillo contra dicha norma. Los magistrados Blume Fortino, Miranda Canales, Sardón de Taboada y Ferrero Costa votaron en contra debido a que la solicitud carecía de razones. A pesar de todo, el legislador Pasión Dávila respaldó la iniciativa del exjefe del Gabinete Ministerial. Tanto fue el apoyo, que instó a la Mesa Directiva a admitir el trámite del proyecto que el Gobierno de Castillo presentó el pasado 8 de abril.
Segundo intento
En el 433-2022, el expremier Torres advirtió que acudiría al siguiente Pleno para exponer dicha proposición de manera exhaustiva y pormenorizada. Cumplió su palabra. Minutos antes de las 9:40 a. m. del 17 de noviembre ingresó junto a trece ministros al Congreso y planteó nuevamente una cuestión de confianza.
Antes de que Torres asistiera inesperadamente al Parlamento, el Gobierno de Pedro Castillo presentó el Proyecto de Ley 3570. Dicha iniciativa pretende «remediar una situación producida por la Ley 31399 que desnaturalizó uno de los derechos relevantes que se desprende del texto constitucional».
El Ejecutivo consideró que la mencionada norma impide la participación política de los ciudadanos en un referéndum. Además, estimaron que contraviene el fortalecimiento del sistema democrático y la gobernabilidad. Incluso argumentaron que si sigue vigente la Ley 31399 se «generaría un serio impedimento para consolidar este derecho ciudadano». En definitiva, el Gobierno del profesor quiere que la población se pronuncie de manera soberana en el ámbito de los asuntos públicos.
Desde el atril del Congreso, catalogó la Ley 31399 como la ley anti referéndum. Luego aseveró que el Ejecutivo tiene facultades para presentar una o dos cuestiones de confianza de manera reiterativa. Además, comentó que se puede abolir una norma a pesar de que el Tribunal Constitucional haya o no declarado la constitucionalidad de una ley. Hasta criticó las interpelaciones y censuras contra los ministros de Castillo.
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La famosa acta
El Gobierno de Castillo consideró que el rechazo del Parlamento constituyó una crisis total del Gabinete. Ante dicha interpretación plasmada en el Acta del Consejo de Ministros del último 24 de noviembre, el Tribunal Constitucional estimó que el Ejecutivo estaría habilitado a la disolución del Parlamento en caso de que se negara una segunda confianza. Fue entonces cuando se aprobaron los dos recursos del Legislativo: la medida cautelar y la demanda competencial.
«El Colegiado aprecia que el contenido del acta se refirió a una manifestación de voluntad expresa y formal del Consejo de Ministros, con efectos de tracto sucesivo, que no se ha realizado en su integridad pero que puede ser calificada de continuada», explican los seis magistrados que dan el visto bueno a los recursos presentados por el Congreso.
En la famosa acta, los ministros de Castillo dejaron por escrito que los argumentos y fundamentos de la Mesa Directiva del Parlamento carecieron de contenido constitucional. Y calificaron como una «decisión antidemocrática» el rechazo de la cuestión de confianza.
