La Procuraduría Anticorrupción de Junín, como parte de la denuncia presentada ante la Fiscalía, por el irregular resguardo policial a favor de Vladimir Cerrón, ha solicitado el levantamiento del secreto de las notificaciones de este último.
El requerimiento también tiene como figura al suboficial de la Policía Nacional, Carlos Zárate Villalobos. La denuncia contempla nuevos hechos y delitos, los mismos que se sumarán a la investigación que abrió la Fiscalía Anticorrupción por presunta negociación incompatible. También se pedirá levantar su secreto bancario.
¿Qué es el derecho al secreto de las comunicaciones?
El derecho al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados están en la Constitución y normas internacionales sobre derechos humanos.
Es aquella prohibición de interceptación de un mensaje y del conocimiento antijurídico de las comunicaciones, por cualquier medio. No es un derecho absoluto ya que la Constitución Política del Perú contempla su limitación.
Aquí es importante resaltar la excepción: Salvo previa existencia de una autorización judicial, específica y motivada, que autorice el control.
Hechos del caso
El pedido de la procuradora se hizo en base a un informe del programa Punto Final. En él se revela que el suboficial Zárate le brindaba resguardo policial irregular a Cerrón desde 2019 pese a que, en la actualidad, el dueño de Perú Libre no cuenta con ningún cargo público.
¿Cuál es la finalidad de levantar el secreto de las comunicaciones?
Se ha solicitado a las empresas de telecomunicaciones del país informar sobre los números telefónicos de los cuales son titulares las personas denunciadas en este caso.
El objetivo es saber si realmente, Vladimir Cerrón y Zárate Villalobos, cumplen con las conductas ilícitas respecto al presunto delito de peculado.
También hay otros acusados, los cuales son: Orihuela Rojas, Gregoria Aydee Villalobos Cerrón, Yeni Estrada Velasco, Luz Rosario Misayauri Sovero Óscar Zárate Palomino, entre otros.
En resumen, el peculado es un delito consistente en la apropiación indebida del dinero perteneciente al Estado y eso es lo que se pretende tipificar.
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