Actualmente se intenta poner sobre la balanza las posibilidades de que Castillo sea inhabilitado por 5 años. Sin embargo, para comprender tanto las posibilidades de una inhabilitación como la denuncia constitucional detrás de esta, antes debemos partir del trasfondo de los sucesos.
En enero del 2022, el presidente Pedro Castillo fue entrevistado por el periodista Fernando del Rincón para el medio estadounidense Cable News Network (CNN). Durante la entrevista, Del Rincón cuestionó al mandatario por sus declaraciones con relación a la posibilidad de cederle una salida al océano Pacífico a Bolivia. Castillo respondió indicando que esta sería una idea aún vigente y que conduciría a una consulta popular para que el pueblo se manifieste al respecto. Poco después, el jefe de Estado trataría de desdecirse pidiendo disculpas públicas; sin embargo, la controversia ya había escalado.
Por tanto, en febrero del 2022 un grupo de seis diputados políticos presentaron una denuncia constitucional por presunta traición a la patria contra el mandatario. Lourdes Flores Nano, Fernán Altuve, Francisco Tudela, Ángel Delgado, César Vignolo y Hugo Guerra acusaron al presidente de vulnerar mandatos constitucionales y poner en riesgo la integridad y soberanía territorial del Estado. Esto último fue recogido también por el informe final elaborado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC). Dicho informe ha sido aprobado por mayoría y recomienda inhabilitar a Castillo por 5 años.
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Denuncia constitucional por traición a la patria
Tras las preocupantes declaraciones del presidente ante la CNN, la controversia fue tan compleja como extensa. El llamado a una consulta popular fue comprendido por algunos analistas como una respuesta genérica y sin ningún impacto sobre las relaciones exteriores peruanas. Sin embargo, para muchos otros estas significaron un gigantesco desliz del jefe de Estado, que podrían indicar un deseo de vulnerar el territorio nacional a favor del país limítrofe de Bolivia para garantizar que este último tenga acceso al océano Pacífico.
Recordemos que dada la naturaleza de la institución presidencial peruana, el presidente es la máxima autoridad y conductor absoluto de las relaciones exteriores del Perú. Por tanto, cada expresión de deseo del presidente debe ser interpretada como una orden a ser ejecutada por Cancillería. Por ende, que el presidente se haya referido a la situación de salida hacia el mar de Bolivia como una idea vigente supondría un riesgo enorme en lo que a la integridad del territorio nacional concierne.
Esta última interpretación fue la adoptada por Flores, Altuve, Tudela, Delgado, Vignolo y Guerra en la denuncia constitucional. Asimismo, ha sido la que ha prosperado en el Congreso y podría conducir a que Castillo sea inhabilitado.
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Denuncia Constitucional en el Congreso
El pasado lunes 28 de febrero, el Congreso admitió la denuncia constitucional contra el jefe de Estado. De esa forma, se remitió la denuncia a la Comisión Permanente donde, posteriormente, fue aprobada. Seguidamente, la SAC procedió a llevar a cabo una investigación y elaboró un informe final que fue presentado el pasado 8 de agosto. Este no solo recomienda que se acuse constitucionalmente a Pedro Castillo por traición a la patria e infracción constitucional, sino que también se lo inhabilite por 5 años.
La SAC aprobó el pasado 12 de noviembre, por mayoría, el informe final. Consecuentemente, la Comisión Permanente citó a Castillo a su sesión del 16 de noviembre. En esta se debatirá y votará el informe de la subcomisión para poder escuchar los descargos del mandatario. Es necesario precisar que este es el último procedimiento previo a que la acusación constitucional e inhabilitación sean discutidas en el Pleno del Congreso y se determine realizar una acusación formal. Ergo, este procedimiento se encuentra en un estado de suma relevancia.
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Defensa de Castillo
En marzo del 2022, tras la presentación de la denuncia constitucional por los seis ciudadanos, el abogado de Castillo, Eduardo Pachas, presentó una demanda de habeas corpus con la finalidad de anular el proceso iniciado por la SAC. Empero, el Noveno Juzgado Especializado en lo Constitucional rechazó el pedido. Pachas decidió apelar el rechazo; sin embargo, este fue rechazado una vez más en el mes de junio.
Por consiguiente, por tercera vez, la defensa de Castillo intentará anular el proceso que podría llevar a la destitución del mandatario. En esta oportunidad, el Tribunal Constitucional evaluará hoy, martes 15 de noviembre, dos demandas de habeas corpus interpuestas a favor del jefe de Estado en contra de la SAC. Sin embargo, dados los antecedentes, es improbable que la defensa consiga detener el proceso que podría llevar a que Castillo sea inhabilitado.
¿Será Pedro Castillo inhabilitado?
De fracasar la defensa de Castillo el martes 15 y ser aprobado el informe final en la Comisión Permanente el miércoles 16, la responsabilidad recaerá sobre el Pleno del Congreso. Los posibles escenarios son dos: acusar formalmente al presidente por traición a la patria e infracción constitucional y proceder con su inhabilitación de la política nacional por 5 años o, simplemente, no hacer nada.
Recordemos que tanto para la acusación constitucional como para la inhabilitación se requieren 2/3 de votos favorables. Sin embargo, dado que los 30 parlamentarios de la Comisión Permanente no están permitidos de participar durante la votación, los votos necesarios deberán ser 66.
