Como resultado de la promulgación de la ley que obliga al Gobierno a informar sobre los antecedentes fiscales, judiciales y administrativos de las personas que sean nombradas como ministros y viceministros de Estado, los miembros del Gabinete presidido por Aníbal Torres presentaron sus respectivas declaraciones juradas. Por tal motivo, se reveló que son seis los ministros con investigaciones en proceso.
Los ministros con investigaciones en curso serían Rosendo Serna (Educación), Carlos Palacios (Energía y Minas), Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo), Diana Miloslavich (Mujer y Poblaciones Vulnerables), Geiner Alvarado (Vivienda, Construcción y Saneamiento) y Dina Boluarte (Desarrollo e Inclusión Social).
Geiner Alvarado, Ministro de Vivienda (3)
El caso más notorio sería el de Geiner Alvarado. El titular de Vivienda, Construcción y Saneamiento cuenta con tres investigaciones en trámite. Entre ellas, se observan los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, falsificación documentaria y delito contra la administración pública. Cabe recordar que Alvarado es uno de los tres ministros de Pedro Castillo que ostentan el cargo desde el inicio del gobierno.
Por el delito de negociación incompatible, Alvarado podría enfrentar entre 4 y 6 años de prisión. En el caso de falsificación de documentos, la pena privativa de libertad sería entre 4 y 10 años. Finalmente, puede enfrentar entre 2 y 5 años de prisión por el delito en contra de la administración pública.
LEE TAMBIÉN: Defensor del pueblo: los posibles candidatos para reemplazar a Walter Gutiérrez en el cargo
Roberto Sánchez, Ministro de Comercio Exterior y Turismo (2)
El titular de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, contaría con dos investigaciones en trámite. Los presuntos delitos serían fraude en la administración de la persona jurídica y un proceso civil de indemnización por daños y perjuicios. La pena que podría enfrentar el congresista y presidente de Juntos por el Perú oscila entre 1 a 4 años de prisión por el delito de fraude en la administración de la persona jurídica. Cabe resaltar que Sánchez también forma parte del gobierno desde su inicio.
Dina Boluarte, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social (1)
La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, es otra titular ministerial que ostenta el cargo desde el inicio del gobierno junto a Geiner Alvarado. Actualmente, cuenta con una investigación fiscal pendiente, que sería por el presunto delito de lavado de activos. El caso giraría alrededor del supuesto financiamiento ilícito por parte de Perú Libre en las dos últimas campañas electorales (2020 y 2021).
LEE TAMBIÉN: Elecciones 2022: ¿cuándo vence el plazo de altos funcionarios para entregar carta de renuncia?
Diana Miloslavich, Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (1)
La titular de Mujer y Poblaciones Vulnerables, Diana Miloslavich, también admite, en su declaración jurada, una investigación en curso. El presunto delito de la ministra sería por disturbios y desacato, el cual data del año 2003. El delito consistiría en que habría actuado en contra de la tranquilidad pública a través de escenarios como el ejercicio de violencia y/o atentado contra el bienestar público. La pena por este delito en específico iría de 6 a 8 años de prisión.
Rosendo Serna, Ministro de Educación (1)
Otro ministro con una investigación en curso sería el titular de Educación, Rosendo Serna. De acuerdo a la declaración jurada, Serna es investigado por el presunto delito de negociación incompatible. Por tal motivo, podría enfrentar una pena entre 4 y 6 años de prisión. Además, estaría inhabilitado para ejercer cargo público alguno.
LEE TAMBIÉN: Susel Paredes toma el proyecto de ley de Dávila para adelantar elecciones generales 2023
Carlos Palacios, Ministro de Energía y Minas (1)
Finalmente, el titular de Energía y Minas, Carlos Palacios, admite, en su declaración jurada, una investigación en trámite. El ministro, ligado a Vladimir Cerrón desde Junín, es investigado por el presunto delito de nombramiento ilegal en el cargo en agravio del Estado. En el marco de delito contra la administración pública, la pena sería entre 2 a 5 años de prisión. Vale recordar que Palacios se encuentra afiliado al partido del gobierno, Perú Libre.
