Esta semana se dio inicio a una medida cautelar que es controversial. Sobre todo debido a su carácter bastante radical, ya que se solicitó la suspensión de Daniel Soria de su cargo como Procurador General del Estado por orden del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En contra de esta medida, aclaró su compromiso para revertirla.
¿Por qué se abrió un procedimiento disciplinario en su contra?
Esta medida disciplinaria se inició debido a que se alegaba la falta de experiencia necesaria por parte del procurador para ejercer dicho cargo. Esto según una comisión ad hoc que fue instalada en dicho procedimiento, el cual inició el día 16 del presente mes. Esta comisión habría recibido un informe de la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario.
El surgimiento de esta investigación que se realiza en contra del ahora suspendido Procurador Del Estado ha generado polémica. Esto debido a que existen figuras que indican una posible causa de índole política más que jurídica para tomar dicha decisión. Así por ejemplo el propio Soria señaló que esta decisión se dio en el marco de sus investigaciones en contra de Dina Boluarte. La cual se habría iniciado al verse supuestamente involucrado su hermano Nicanor Boluarte en hechos delictivos en contra del patrimonio estatal. Tal es la opinión que comparte la ONG Proetica, que aseguró vulneraciones al estado de derecho en el país.
Por su parte, el Ministro de Justicia señaló que en realidad se basa este procedimiento en razones de derecho. Como se conoce, la decisión de abrir un procedimiento administrativo a Soria fue debido a que se consideraba que había una vulneración al artículo 15 del Decreto Legislativo referente a la Procuraduría del Estado. Se hizo en consideración a que no contaba con el requisito de una trayectoria en defensa jurídica del estado. Por ello no tendría experiencia en gestión pública ni en políticas públicas, lo cual es necesario para dicho cargo. La confirmación de dicha imputación podría devenir en un delito de aceptación ilegal de cargo.
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¿Se trata de un acto político más que jurídico?
El Ministro de Justicia, Eduardo Arana, señaló que no es correcto que se juzgue a esta decisión como una de índole política. Asegura que corresponde este procedimiento disciplinario en su contra y por ende la medida cautelar, ya que no cumple con los requisitos necesarios para ocupar dicho cargo. Al respecto, se refirió a la prensa y a la ciudadanía en general: “lo que sí puedo decir es que no se debe politizar, llamo a la ciudadanía y la prensa a no politizar este tema. No es un aspecto político, no se trata de una decisión que se me ha ocurrido”.
Por otro lado, señaló que sí se está garantizando el derecho a la defensa y debido proceso al investigado procurador público. Esto debido a que señaló que se está actuando conforme a ley y a la Constitución. Asimismo, alegó para justificar el procedimiento que este anteriormente ya se había iniciado por parte de Pedro Castillo mientras ejercía la presidencia. Sin embargo, aquel caso también inició mientras se estaba iniciando una investigación en contra del ex mandatario, caso similar al actual, cuando nuevamente se reabre el caso.
Lo cierto es que la medida cautelar, la cual fue presentada por Luigino Pilotto, viceministro de Derechos Humanos, Walther Iberos, el actual viceministro de Justicia y Tiberio Robles, quien es jefe de la Oficina General de Administración, es de correcta aplicación. Para solicitar una medida cautelar, es necesario que se cumplan una serie de requisitos. Ya que esta debe ser adecuada así como es importante que deba existir peligro en caso de demora. Además, finalmente debe existir una posibilidad de conceder la resolución en su contra.
En este caso, en efecto, no se trata de una medida cautelar arbitraria, ya que en caso de no proceder en su contra, podrá continuar en el cargo. Así, se está evaluando si se reúnen los requisitos legales para la investigación en su contra, más allá de posibles sospechas de que pueda ser una estrategia política. Sin embargo, durante su trámite, es necesario nombrar a un nuevo Procurador que lo reemplace.
