El Congreso de la República aprobó el 18 de enero, en primera votación, un dictamen que propone modificar la legislación laboral para permitir que los trabajadores puedan extender su vínculo laboral hasta los 75 años de edad, siempre que lo soliciten y cumplan con ciertos requisitos. La medida ha generado diversas opiniones entre expertos, gremios y trabajadores, pues implica un cambio sustancial en el mercado laboral y en el sistema previsional del país.
El dictamen, que aún debe ser ratificado en segunda votación, plantea modificar el Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público; el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral; y la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, a fin de extender el límite de edad para el cese del trabajador. Actualmente, la edad de jubilación obligatoria es de 70 años, salvo pacto en contrario entre el trabajador y el empleador.
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¿En qué consiste el dictamen?
Según el texto sustitutorio, aprobado con 15 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, el trabajador que desee continuar laborando después de los 70 años deberá presentar una solicitud hasta la fecha en que cumpla dicha edad, mediante cualquier medio físico o virtual que permita dejar constancia de su presentación. Además, deberá someterse a una evaluación médica especializada y multidisciplinaria, asumida por el empleador, que certifique que se encuentra en condiciones físicas y mentales para el desempeño de sus funciones.
La oficina de recursos humanos de la entidad empleadoras determinará la necesidad del servicio que justifique la permanencia del trabajador solicitante, mediante un informe debidamente sustentado en criterios objetivos.
El empleador deberá responder la solicitud dentro de los 60 días calendario contados desde su presentación, adjuntando el informe y el resultado de la evaluación médica. Si el empleador rechaza la solicitud sin valorar estos documentos, el rechazo se presume como despido nulo.
Mientras no exista comunicación sobre la denegación de la solicitud, el vínculo laboral se mantiene en sus mismos términos. El trabajador cuyo vínculo laboral se extienda conforme a lo dispuesto en la presente ley podrá brindar capacitación sobre la función inherente al cargo que desempeña.
¿Qué consecuencias traerá la aplicación del dictamen?
El dictamen fue presentado por el congresista Juan Burgos, de Avanza País, quien argumentó que la medida busca adaptarse al aumento de la esperanza de vida de los peruanos, que según la agencia EFE, era de 76 años en el 2020. Asimismo, señaló que la Asociación de AFP indicó que desde el 2018 la esperanza de vida de los hombres peruanos es de 87,5 años y de las mujeres de 90,8 años. «Esto implica un mayor número de ancianos como porcentaje de la población económicamente activa (PEA) en nuestro país», dijo.
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La propuesta recibe varias críticas
La Cámara de Comercio de Lima (CCL) expresó su firme oposición al proyecto de ley, señalando que recortaría las oportunidades de trabajo para los más de 340,000 jóvenes que anualmente se incorporan a la PEA. El director institucional de la CCL, Carlos Posada, exhortó al Congreso a realizar un análisis profundo de las consecuencias del proyecto de ley, y priorizar la búsqueda de un equilibrio entre el respeto a los derechos de los trabajadores mayores, sin comprometer las oportunidades de los jóvenes, así como la innovación y productividad empresarial que son cruciales para el desarrollo del país.
Varios expertos han criticado la medida, argumentando que carece de sustento técnico y que podría afectar el dinamismo del mercado laboral, la productividad empresarial y las oportunidades de empleo para los jóvenes. Asimismo, se ha señalado que no se ha realizado una consulta previa a los actores sociales involucrados, como el Consejo Nacional del Trabajo y los gremios empresariales y laborales, que podrían tener opiniones y propuestas diferentes sobre el tema.
El Congreso aún debe ratificar el dictamen en segunda votación antes de que pueda promulgarse como ley. Se espera que en este proceso se tomen en cuenta los diversos aspectos que involucra, como el sistema previsional, el mercado laboral, la productividad empresarial, la innovación tecnológica, la distribución del empleo, el respeto a los derechos de los trabajadores y las necesidades del país. Solo así se podrá lograr una norma que beneficie a todos los peruanos y contribuya al desarrollo nacional.
