La Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la República debatió recientemente el proyecto de Ley General de Contrataciones Públicas. La sesión, presidida por el congresista Alejandro Cavero (Avanza País), contó con la participación del contralor general de la república, Nelson Shack, y de expertos en la materia como Domingo García Belaunde, Jorge Danos Ordoñez, José Antonio Tirado y José Escaffi.
Necesidad de una nueva ley
El objetivo del proyecto de ley es agilizar las contrataciones públicas, evitar las paralizaciones y mejorar la transparencia en el proceso de adquisición de bienes y servicios por parte del Estado. Según el congresista Cavero, la actual ley de contrataciones tiene más de 10 años y ha sufrido muchas modificaciones políticas, lo que ha desalentado la participación de los proveedores y penalizado a los funcionarios. Además, aseguró que a la menor controversia se termina paralizando las obras.
Por ello, el espíritu de la norma es reordenar la lógica y la coherencia de la Ley, pero a su vez hacerla más sencilla para los funcionarios. Se requerirá el respaldo de todos los grupos parlamentarios para su implementación.
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Incorporación de tres proyectos de ley
En la primera sesión de debate sobre la nueva Ley de Contrataciones del Estado, los congresistas acordaron realizar una sesión especial para incorporar tres proyectos de ley al predictamen, que introducirían cambios en puntos clave de la contratación pública. Estos proyectos se enfocan en reformar aspectos clave de la contratación pública, específicamente en lo referente a los impedimentos para contratar con el Estado y los mecanismos de solución de controversias, incluyendo los arbitrajes.
Entre las propuestas presentadas, destaca el proyecto de ley 0741, autoría del congresista Alex Paredes, que busca modificar el artículo de la norma que define los impedimentos para que los funcionarios puedan contratar con el Estado. Actualmente, los funcionarios públicos no pueden hacer contratos con el Estado mientras están en su cargo y durante un año después de dejarlo. Paredes propone que esta regla se aplique solo a la entidad específica donde trabaja o trabajó el funcionario. Además, la propuesta excluye la aplicación de la limitación para el presidente de la República y establece una regla similar para los familiares de funcionarios o exfuncionarios.
Por otro lado, el proyecto de ley 05672 del congresista Germán Tacuri se centra en el artículo 45 de la normativa, que trata sobre la resolución de conflictos. Su principal propuesta consiste en establecer un límite financiero para que las disputas sean llevadas ante la Junta de Resolución de Disputas. Además, se presentan modificaciones importantes en caso de que se intente rechazar al árbitro elegido.
Finalmente, el proyecto de ley 07189, de la congresista María Acuña, busca garantizar que los procesos de licitaciones y concursos públicos cuenten obligatoriamente con la presencia de un notario público o un juez de paz para aumentar su transparencia.
Se espera una nueva ley moderna y eficiente
Según el presidente de la Comisión de Descentralización, la nueva norma será rebautizada como “Ley de Contrataciones Públicas” y ya no “del Estado”. Se espera que la nueva ley aborde seis problemas de la legislación vigente, entre ellos la falta de proveedores, retrasos en las etapas de preparación de obras, sanciones excesivas a funcionarios por su discrecionalidad, falta de claridad en los requisitos, uso injustificado de contratos sin proceso de selección y problemas relacionados con la paralización y terminación de contratos.
