El congresista de Cambio Democrático, Roberto Sánchez, se encuentra en el ojo de la polémica. El parlamentario investigado por los presuntos delitos de rebelión y conspiración en agravio del Estado, por los hechos ocurridos el 7 de diciembre, solicitó que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) financie su defensa legal.
Sin embargo, el pedido fue denegado. Según la resolución Secretarial Nº008-2023, declaró improcedente el beneficio de defensa legal, ya que los hechos por el cual es acusado no se vinculan con sus funciones de ex titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
Roberto Sánchez quiso ampararse en la Ley de Servicio Civil, en el Decreto Supremo 040-2014-PCM y la Resolución de la Presidencia Ejecutivo 284-2015-Servir, en donde podría tener asesoría jurídica por su condición de servidores públicos en procesos de índole judicial, constitucional y policial.
Demanda constitucional contra Roberto Sánchez
Como se recuerda, el pasado 23 de marzo, el Pleno del Congreso aprobó la denuncia constitucional contra el parlamentario Sánchez, teniendo 50 votos a favor, 21 en contra y 13 abstenciones. Según la argumentación, Sánchez no ofreció una explicación de su permanencia en la sede del gobierno cuando Pedro Castillo anunciaba el golpe de Estado.
Asimsimo, es importante resaltar que según la Carpeta Fiscal Nº 268-2022, la Fiscalía amplió la investigación preliminar ya que el parlamentario fue parte del día 7 de diciembre, cuando el ex mandatario Castillo Terrones disolvía el congreso de manera inconstitucional, ejerciendo el cargo de ministro de Comercio y Turismo Exterior.
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Colaborará con las investigaciones
El congresista confirmó que colaborará con las investigaciones de la Fiscalía de la Nación, más aún cuando perdió la prerrogativa del antejuicio político que goza todo exministro luego de haber dejado el cargo.
Por otro lado, Sánchez reiteró que no tuvo ninguna participación en la acción golpista del expresidente Pedro Castillo.