Tres congresistas pertenecientes al Partido Morado retiraron dos proyectos de ley. Una de las reformas agregaba nuevos delitos para facilitar una acusación constitucional contra el presidente de la República.
Proyectos retirados
A través de un comunicado, los congresistas no agrupados Edward Málaga, Flor Pablo y Susel Paredes, declararon que retiraron el proyecto de ley de reforma constitucional que fortalece el diseño de la responsabilidad presidencial. Por otro lado, comunicaron que se retiró la ley de reforma constitucional que promueve la gobernabilidad y el equilibrio entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. La decisión fue tomada, puesto que consideraron que ambos proyectos estaban siendo utilizados en una presunta “conspiración antidemocrática”.
El primer proyecto de ley, presentado por el congresista Edward Málaga, proponía modificar el artículo 117 de la Constitución. De esta manera facilitaría la acusación contra el presidente de la República por presuntos delitos de índole criminal y de corrupción de funcionarios. Por otro lado, el segundo proyecto efectuado por Flor Pablo y Susel Paredes, buscaba modificar los artículos 113, 130, 132 y 133 de la Constitución. Esto, con el objetivo de garantizar la gobernabilidad, fortalecer la democracia y promover el equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo.
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Inestabilidad en el parlamento
Los congresistas hicieron alusión a la información publicada en el seminario “Hildebrandt en sus trece” sobre una reunión entre la María del Carmen Alva, presidenta del Parlamento y diversos representantes de diferentes bancadas. Según el seminario dirigido por Hildebrandt, la reunión, se habría dado para conversar, entre otros tópicos, sobre la posibilidad de sacar del cargo presidencial a Pedro Castillo.
Nuevas iniciativas
Después de la declaración sobre ambos proyectos, los congresistas anunciaron la presentación de una iniciativa «que procure una reforma política integral”. Con esto se buscaría garantizar la “estabilidad del país» y que se solucionen los problemas de fondo que derivan en “constantes conspiraciones políticas». Igualmente, indicaron que «el desprestigio generalizado, tanto del Poder Ejecutivo como del Congreso, y la escasa gobernabilidad”, exige pensar que el problema no son las autoridades “de turno”, sino que el sistema político en su conjunto “está fallando rotundamente en perjuicio de la ciudadanía”. Por esa razón, según los parlamentarios, se requiere un cambio “urgente y estructural».