La Junta Nacional de Justicia (JNJ), el órgano encargado de nombrar y ratificar a jueces y fiscales, se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que suspendiera temporalmente a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, quien es investigada por presuntamente integrar una organización criminal al interior del Ministerio Público. Esta decisión generó el rechazo de un sector del Congreso, que presentó una moción para remover a los siete miembros de la JNJ por considerar que incurrieron en una falta grave.
Hay consenso para la remoción
El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, afirmó que hay “consenso” entre diversas fuerzas políticas para remover a la JNJ, a la que acusan de haber suspendido irregularmente a la fiscal de la Nación. La agrupación política liderada por Rafael López Aliaga ha conseguido 60 firmas de las 78 necesarias para convocar a un pleno extraordinario que evalúe la destitución de los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia. El pedido se basa en presuntas faltas graves cometidas por el órgano encargado de nombrar y ratificar a jueces y fiscales.
Montoya expresó su confianza en que en el transcurso de la semana se lograrán las 18 firmas restantes para solicitar el pleno extraordinario, que podría realizarse en enero o febrero, según el reglamento del Congreso. El legislador celeste señaló que su iniciativa cuenta con el respaldo de congresistas de izquierda, centro y no agrupados.
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La moción se reprogramó
Los integrantes de la JNJ solicitaron una reprogramación de la citación y la especificación de los cargos en su contra, por lo que el pleno del Congreso no debatió la moción el pasado 22 de diciembre. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, accedió a su pedido y postergó la votación para la siguiente legislatura, que se iniciará en marzo de este año.
Sin embargo, Montoya y Muñante han insistido en que se trata de una medida de control político, que se rige por la discrecionalidad legal del Congreso, y que no requiere de un procedimiento judicial o jurídico. Los legisladores han manifestado su intención de censurar a Soto si no convoca al pleno extraordinario.
Tres faltas graves
Los congresistas de Renovación Popular empezaron a recabar firmas para convocar a un pleno extraordinario que se dedique a la remoción de la JNJ. Argumentaron que los miembros de la JNJ incurrieron en un conflicto de intereses, al no inhibirse de resolver el caso de Benavides, quien los estaba investigando por presuntas irregularidades en su elección. Además, sostienen que la JNJ violó el debido proceso al aplicar un procedimiento de suspensión no previsto en su reglamento.
Los opositores a la JNJ sostienen que tienen la competencia para remover a sus miembros por causa grave, basándose en la ley orgánica de dicho órgano y en un antecedente de la Comisión de Justicia en el caso de los audios del Consejo Nacional de la Magistratura.
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Opiniones sobre la remoción
El pedido de remoción de la JNJ ha generado diversas reacciones en el ámbito político y judicial. Entre los grupos parlamentarios que respaldan la moción se encuentran Fuerza Popular, Avanza País, Bloque Magisterial, Perú Libre, parte de Podemos y Unidad y Diálogo. Otros, como Acción Popular, Somos Perú y algunos No Agrupados, aún están evaluando su posición. Los que se oponen son Juntos por el Perú y Alianza para el Progreso (APP).
Igualmente, diversos juristas, magistrados y organizaciones sociales han cuestionado el intento de destituir a la JNJ, al considerar que se trata de una injerencia del Congreso en el sistema de justicia, y que se vulnera la autonomía e independencia de los órganos constitucionales, lo cual afirman que podría generar una crisis institucional.
Conflicto entre el Congreso y el Poder Judicial
La situación de la JNJ ha generado una confrontación entre el Congreso y el Poder Judicial. Mientras que los primeros acusan a los juntistas de politizar el proceso y violar la autonomía de los magistrados, los segundos defienden su labor y denuncian una intromisión indebida del Legislativo.
La Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia, por ejemplo, rechazó que el Congreso pretenda intervenir el sistema de justicia y expresó su respaldo a la JNJ. Por su parte, la fiscal Benavides ha presentado varios recursos legales para anular su suspensión, pero hasta el momento han sido rechazados por el Poder Judicial.
El futuro de la JNJ dependerá de si Montoya y Muñante logran conseguir las firmas suficientes para convocar a un pleno extraordinario y de si cuentan con los votos necesarios para aprobar el pedido de remoción. De no ser así, el tema quedará pendiente para la próxima legislatura, que se iniciará en marzo. Esta problemática permite reflexionar si es necesario o no reformular el trabajo de la JNJ, así como la importancia en el nombramiento de jueces y fiscales.
