El viernes 29 de marzo ocurrió el allanamiento a la residencia personal de la presidenta Dina Boluarte y a su oficina en el Palacio de Gobierno. Los allanamientos son acciones legales en las que las autoridades ingresan a propiedades privadas para buscar evidencia o realizar investigaciones. En este caso, el objetivo era buscar pruebas relacionadas con los relojes Rolex y determinar si hay irregularidades en su posesión.
En este análisis, exploraremos los acontecimientos recientes y sus posibles repercusiones, que podrían desembocar en un escenario de vacancia presidencial.
Allanamientos a Palacio de Gobierno y la casa de la presidenta
Para entrar en contexto, en el Caso Rolex la presidenta Dina Boluarte enfrenta los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos por las aparentes irregularidades en la obtención de relojes Rolex entre otras joyas. El caso se abrió tras un informe del programa local La Encerrona, que publicó imágenes en las que supuestamente Boluarte luce relojes de lujo en eventos públicos.
El operativo en la residencia de la presidenta, ubicada en Calle los Halcones 326, en el distrito limeño de Surquillo, inició al promediar las once de la noche. Un contingente numeroso de fiscales y policías irrumpió en su domicilio mientras su familia descansaba.
Por un lado, se dijo que violentaron la puerta de su hogar, a pesar de que no había transcurrido suficiente tiempo para que su familia se levantara y abriera la puerta. Por otro lado, se mencionó que los agentes de la Diviac, liderados por el coronel PNP Harvey Colchado, usaron la fuerza para ingresar a la vivienda, pues no se recibió respuesta desde el interior.
Es importante mencionar, que Harvey Colchado ha experimentado una notable inestabilidad en ese cargo. No solo ha tenido roces con Dina en diciembre de 2023 (a través del ministro Víctor Torres Falcón), sino que también con Pedro Castillo durante el allanamiento al Palacio de Gobierno el 9 de agosto de 2022. El ex mandatario solicitó a su abogado un proceso sancionador que buscaba la destitución de Colchado. Por estas razones, se podría decir que su puesto como jefe de la Dirección de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) está en sumo peligro.
Dentro del acta de registro domiciliario, incautación y lacrado, se pudo apreciar que en el ambiente N°8 (biblioteca) se encontró la tarjeta de certificado del Rolex. Esta registra que la compra se realizó el 08/07/2023. El modelo del reloj es el Date Just 36 (con diamantes en cada número) de entre US$ 16 – 19 mil. Aparte, se mencionó que tiene como dirección de compra el Real Plaza Trujillo.
En el ambiente N° 18 (habitación), se encontraron un estuche tipo caja con letras que indicaban que era de Casa Banchero, una pulsera dorada y un collar dorado con dije de cruz.
Hay que recalcar que se encontró el tarjetero, pero no algún tipo de reloj marca Rolex. Finalmente, se vio salir al personal fiscal de la casa con una caja en la que estarían llevando pertenencias de la mandataria.
Las diligencias culminaron a las cuatro de la mañana del día siguiente. Cerca de veinte fiscales también allanaron el Palacio de Gobierno. Este operativo culminó a las 9:25 a.m. del sábado 30.
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Declaraciones políticas
La presidenta respeta la investigación fiscal, pero considera que la medida fue arbitraria, desproporcional y abusiva. Ella señaló, “Nunca ha existido rebeldía de mi parte frente a la investigación fiscal. Al contrario, me he apersonado para colaborar por lo que la medida es arbitraria y desproporcional”.
Mateo Castañeda, abogado de Dina Boluarte, consideró el allanamiento como una ‘medida innecesaria’ debido a que había pedido que se reprograme las diligencias. Añadió que Boluarte declarará ante la Fiscalía.
En cuanto a las declaraciones del primer ministro, Gustavo Adrianzén, él expresó su indignación por el allanamiento que realizó la Fiscalía en la residencia de la presidenta Dina Boluarte cerca de la medianoche del viernes, y consideró que se ha cometido «un inaceptable atropello a la dignidad». También afirmó que es “inconstitucional y desproporcionado” el allanamiento y desmintió que la mandataria fuera a renunciar.
Fuerza Popular ha manifestado que la institución presidencial se ve afectada por la falta de una respuesta oportuna. Mientras que Renovación Popular ha rechazado la “irrupción del Ministerio Público y Diviac en la residencia de la presidenta”. El congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular señaló que si el silencio de la presidenta Boluarte persiste no es «descabellado pensar en una vacancia».
Por otro lado, Alianza para el Progreso ha expresado su posición respecto a la moción de vacancia. El vocero de la bancada Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, coincidió con el primer ministro en que el allanamiento a la casa de la presidenta fue “sorpresivo, aparatoso y desproporcionado”, y que daña la imagen del país a nivel internacional.
Salhuana exhortó a la presidenta a colaborar con las investigaciones y “brindar toda la información sobre su patrimonio”. Sin embargo, remarcó que su bancada no apoyará ninguna moción de vacancia, ya que esto corresponde a “cuestiones ideológicas y revanchas políticas” y resaltó que el país debe tener estabilidad.
Moción de Vacancia
En este contexto, se presentó una moción de vacancia por parte de la bancada de Perú Libre. Según este documento, que sustenta una vacancia por «permanente incapacidad moral«, las razones son las siguientes:
- Declaraciones juradas: Se menciona que Boluarte no consignó la posesión de relojes Rolex en varias de sus declaraciones juradas, incluyendo la presentada al inscribirse como candidata a la vicepresidencia, al inicio de su función pública como ministra de Inclusión Social, y al inicio de su función pública como presidenta de la República.
- Valor de los relojes: Se señala que el valor de los relojes Rolex supera las dos Unidades Impositivas Tributarias (UIT) establecidas por ley, por lo que deberían haber sido consignados en sus declaraciones juradas.
- Fecha de adquisición de los relojes: Se cuestiona la afirmación de Boluarte de que sus relojes son de “antaño” (antiguos), ya que hay opiniones especializadas que indican que los modelos de los relojes son de reciente fabricación (2020). Por lo tanto, se concluye que Boluarte habría mentido al negar que sus relojes son de reciente adquisición.
- Violación de principios éticos: Se argumenta que la conducta de Boluarte viola principios éticos fundamentales como la probidad y la transparencia, los cuales están acogidos en la Ley de Código de Ética en la Función Pública.
- Infracción de la Constitución: Finalmente, se sostiene que la conducta de Boluarte constituye una infracción de los artículos 38, 102 y 118, numeral 1, de la Constitución Política del Perú.
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¿Cuáles podrían ser las repercusiones de una posible vacancia?
Al no contar Dina Boluarte con vicepresidentes, si llegase a ser vacada la primera presidenta de Perú, el rol continuaría para el siguiente en la línea de sucesión presidencial, es decir, Alejandro Soto Reyes, abogado y político peruano, que actualmente ocupa el cargo de Presidente del Congreso de la República del Perú durante el periodo anual de sesiones 2023-2024. Si Soto Reyes ascendiera a la presidencia, el siguiente en la línea de sucesión para ocupar el cargo de Presidente del Congreso de la República del Perú sería Arturo Alegría, quien ejerce como congresista de la república por San Martín y actualmente ocupa el cargo de primer vicepresidente del Congreso.
Con esto surge un nuevo debate entorno al art. 115 de la Constitución Política del Perú:
¿Serían elecciones presidenciales o generales?
En primer lugar, se tiene a aquellos que defienden que solo se debería renovar la plancha presidencial. Dentro de sus fundamentaciones, se menciona la LEY-27375.
Para comprender esta ley, debemos retroceder al año 2000, cuando Martha Chávez cuestionó si aquel que asumiera la presidencia interina podría seguir siendo considerado parlamentario. Todo esto ocurrió en el hemiciclo justo antes de que Valentín Paniagua asumiera como presidente interino. Además, si consideramos que el cargo de congresista es irrenunciable y que aquel que asume la presidencia interina no pierde su puesto de congresista, entonces podríamos argumentar que no deberían realizarse elecciones generales. En otras palabras, una vez sea nombrado un nuevo presidente, aquel que ocupaba el puesto de presidente interino y nunca perdió su cualidad de congresista debería poder volver a retomar su puesto parlamentario. Teniendo todo esto en cuenta, podríamos decir que solo es necesario cambiar la plancha presidencial.
En segundo lugar, los que llaman a elecciones generales usualmente recurren a mencionar la Ley Orgánica de Elecciones (Ley 26859) .
Con una interpretación literal de la norma, se podría entender que las elecciones generales son la vía constitucionalmente correcta por la simultaneidad que busca asegurar en las elecciones. Esta posición se ve reforzada por la visión pacificadora que da el Tribunal Constitucional ante la interpretación de la constitución. Es decir, bajo el amparo de la perspectiva integradora de interpretación de la Constitución, se tendría que entender el articulo 115 C.C conjuntamente con el hecho de que 80% de la población desaprueba la gestión del congreso (Ipsos, 2024). Por ende, para no enzarzar las relaciones entre poderes y la sociedad se debería optar por esta vía para interpretar la constitución.
Frente a estas posiciones, lo más prudente sería hacer un llamado a que se consulte a expertos sobre la materia para que den sus opiniones dentro de un debate alturado que aporte a la decisión final. Claro, algún pronunciamiento del TC al respecto sería lo ideal.
Conclusión
En conclusión, el Caso Rolex, que implica a la presidenta Dina Boluarte, ha suscitado una serie de tensiones y controversias en la esfera política y social. A pesar de que se incautaron varios objetos y documentos durante el allanamiento, que podrían sugerir culpabilidad, no se encontró ningún reloj Rolex. Es crucial prestar especial atención a la tarjeta de certificado de un Rolex mencionada anteriormente. La evolución de este caso debe ser seguida de cerca. Por eso, se espera con gran interés que la presidenta haga su declaración ante el Ministerio Público el viernes 5 de abril.
