Este miércoles, el presidente Martín Vizcarra le dio un ultimátum de 48 horas a la Asociación de Clínicas Particulares para que lleguen a un acuerdo con el Gobierno respecto a la tarifa de atención que se cobrará por los pacientes contagiados de COVID-19 que vayan a las unidades de cuidado intensivo (UCI) de los establecimientos de salud privado. De lo contrario, amenazó con invocar el artículo 70 de la Constitución, el cual usaría para poder expropiar los centros sanitarios privados.
Como se recuerda, Vizcarra Cornejo manifestó, durante su conferencia de prensa, que «si los pacientes no pueden ser atendidos en el hospital de ESSALUD, se le deriva a una clínica privada, costo el cual lo asume el Estado, ya que nos encontramos manejando los recursos con los que asumimos en el sistema de salud»; sin embargo, no se podía seguir esta vía, pues recién se llegó a un acuerdo el día de ayer en horas de la noche.
Pronunciamiento en contra
Al respecto, diversos constitucionalistas e, inclusive, el burgomaestre capitalino, Jorge Muñoz, se pronunciaron en contra.
Por su parte, el abogado constitucionalista Víctor García Toma, expresidente de Tribunal Constitucional, señaló que el artículo 70 de la Carta de 1993 hace referencia a la expropiación de la propiedad privada en caso exista la necesidad pública de construir carreteras u obras de infraestructura, no en el caso planteado por el mandatario.
En la misma línea, el constitucionalista Luciano López, señaló que no se debe únicamente leer un artículo de la Carta Magna, sino revisar la legislación al respecto. Asimismo, recordó que fue Martín Vizcarra quien semanas atrás aprobó el «Decreto Supremo 011-2019-VIVIENDA, el cual aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1192, Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura». Por lo tanto, López aseguró que el caso no se trataría de una expropiación, sino de una regulación del servicio de salud.
Asimismo, el alcalde de Lima expresó su apoyo al jefe de Gobierno en negociar con las clínicas particulares; no obstante, también manifestó su preocupación por la presunta afectación de la propiedad privada.
«Todo mi apoyo en la negociación de tarifas justas en las UCI de las clínicas privadas; pero mi profunda preocupación por una posible afectación a la propiedad», señaló.
