Este lunes, a través de sus redes sociales, la Fiscalía de la Nación comunicó que iniciaría una investigación preliminar contra el expresidente Martín Vizcarra por haber recibido vacunas «de cortesía» elaboradas por el laboratorio chino Sinopharm.
Al respecto, Diario El Gobierno dialogó en exclusiva con Carlos Caro Coria, abogado penalista que detalló cuáles son los escenarios legales que tendrían que afrontar el exmandatario y otros beneficiarios del antídoto contra la pandemia del nuevo coronavirus.
Delitos de Vizcarra
«Desde mi punto de vista, estamos ante un contexto en el cual la empresa Sinopharm es proveedora del Estado. Por tanto, los funcionarios públicos tienen una prohibición absoluta a recibir cualquier tipo de ventaja, dádiva o prebenda como consecuencia de estar en ese cargo. El señor Martín Vizcarra tenía el deber de no recibir ningún tipo de vacuna de parte de una empresa que podía ser proveedora», señaló el letrado.
En esta línea, Caro Coria sostiene que de comprobarse estos hechos, el exjefe de Gobierno ha cometido dos delitos, tal y como también lo señala el Ministerio Público. Primero, el de concusión, que se refiere a «cuando en la contratación pública hay una convivencia entre el funcionario y el particular para defraudar los intereses del Estado». En segundo lugar, el de negociación incompatible, que es un «delito de funcionarios públicos cuando favorece intereses privados frente a la administración pública».
Responsabilidad de UPCH
Carlos Caro manifestó que la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) tendrá que aclarar cómo es que estas vacunas, que estaban previstas para el personal de investigación, acabó en mano de terceros, entre ellos, Vizcarra.
«Hay un reglamento de ensayos clínicos aprobado el 2017 con el número 021-2017-SA que establece cuales son los procedimientos. Entonces, la Universidad tiene que dar cuenta de cómo han salido estas vacunas y han ido a parar en terceros fuera del marco legal», agregó.
El abogado penalista precisó que todo esto podría afectar a la UPCH. Esto, si por acción u omisión se ha permitido que estas vacunas tengan un destino fraudulento. Por otro lado, apuntó que las investigaciones contra los funcionarios públicos que se vieron favorecidos con las vacunas tomaría un periodo de tiempo bastante largo.
