El Ejecutivo reemplazó el pasado jueves a María Caruajulca por Javier León como Procurador General del Estado. León es investigado por Fiscalía por apropiación ilícita para delinquir, falsificación de documentos y fraude procesal. Lo anterior se debe a que presuntamente apoyó al narcotraficante Fernando Zevallos en sus artimañas para evadir la justicia.
Javier León: Un posible nuevo facilitador de Castillo
La última designación del Ejecutivo ha causado un aluvión de cuestionamientos. No solo preocupan las acusaciones que se hacen en contra de Javier León, sino el posible rol que podría tener en el gobierno de Castillo. Además de ser investigado por estar involucrado en un caso sensible, las facultades que León ahora tiene se prestan para colaborar con la agenda de gobierno.
El procurador general del Estado, según lo dispuesto por la Ley 29158, está facultado para:
«remover por causal de pérdida de confianza a los titulares, jefes, presidentes o integrantes de los consejos directivos o directorios de los organismos públicos, con excepción de los organismos reguladores que actúan en representación del Poder Ejecutivo».
Por tanto, podría ser un facilitador de suma importancia para el gobierno en cuanto al mantenimiento de la impunidad del Ejecutivo. Recordemos que su nueva designación se debe a que su antecesora fue cuestionada por actuar de manera sesgada a favor del Ejecutivo. Por consiguiente, se buscó que el nuevo titular del cargo pueda asegurar garantías de independencia de los poderes y una labor imparcial.
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Por las características de León, su designación podría hasta vulnerar lo indicado en el Decreto Legislativo No. 1326, que establece la Procuraduría General del Estado. En el artículo 15 de este decreto, se lee que uno de los requisitos para el cargo es la idoneidad profesional y trayectoria en la defensa jurídica del Estado.
La Defensoría del Pueblo también se involucró en los cuestionamientos. El mismo jueves de la designación, la Defensoría envió un oficio al Ministerio de Justicia solicitando el informe de cumplimiento para la designación del León. Por otro lado, el Congreso ha solicitado información de los antecedentes de León para evaluar las acciones a ser tomadas.
En tanto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hizo un pronunciamiento enfatizando que el proceso de su designación se llevó a cabo «de acuerdo a la ley.» Además, El Comercio indicó que Justicia niega la posibilidad de un pleno pronunciamiento relacionado a Javier León Mancisidor.
