El Gobierno del cuestionadísimo Pedro Castillo presentó la primera cuestión de confianza. En el Oficio 433-2022 remitido al presidente del Congreso, el premier Aníbal Torres exigió que debatan y voten el Proyecto de Ley 1704-2021 que fue presentado el último 8 de abril para derogar la Ley 31355. Esta norma avala que la moción de censura contra el Consejo de Ministros puede ser presentada por no menos del 25 % del número legal de parlamentarios. Incluso advirtió que acudirán al siguiente Pleno para exponer dicha proposición de manera exhaustiva y pormenorizada.
En el documento también recalcó la desidia del Legislativo, pues aún su iniciativa carece del dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento. «Han transcurrido siete meses desde su presentación. […] El artículo 105 de la Constitución establece el carácter prioritario que tienen las iniciativas legislativas del Ejecutivo. A pesar de ello, y de haber sido reiterada su prioridad mediante Oficio N° 41-2022-PCM-GA, de fecha 2 de noviembre de 2022, sigue sin ser atendido», reclamó por escrito.
Argumento de Aníbal Torres
El mandatario y el jefe del Gabinete Ministerial presentaron el Proyecto de Ley 1704-2021 ante María del Carmen Alva Prieto, entonces presidenta del Congreso, para derogar la ley que desarrolla el ejercicio de la Cuestión de Confianza regulada en el último párrafo del artículo 132 y en el artículo 133 de la Carta Magna. Además, el premier Aníbal Torres argumentó la reciente petición con el eje seis de la Política General de Gobierno: Democracia, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción.
«Desde el Ejecutivo sostenemos que la existencia de la Ley 31355 restringe la facultad del Ejecutivo de usar la cuestión de confianza, debilitando el sistema democrático en cuanto a las atribuciones de un Poder Ejecutivo que se encuentra presidido por alguien democráticamente elegido, como es el Presidente Pedro Castillo Terrones», arguyó en el Oficio 433-2022.
A inicios del presente año, sin embargo, el Pleno del Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad iniciada por el Gobierno de Castillo contra dicha norma. Los magistrados Blume Fortino, Miranda Canales, Sardón de Taboada y Ferrero Costa votaron en contra debido a que la solicitud carecía de razones.
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Críticas
Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia, criticó la acción de cuestión de confianza debido a que este mecanismo constitucional se plantea sobre políticas públicas y no sobre proyectos de ley. Asimismo, comentó que Aníbal Torres pretendió torpemente amarrar dicha proposición con el eje seis de la Política General de Gobierno.
Además, Pérez Tello y el abogado César Azabache coincidieron en que la medida del Gobierno sirvió como un distractor para cambiar de tema y, así, menguar la imagen misógina del premier por los recientes comentarios contra la periodista Sol Carreño y cambiar la cara del Gobierno ante la visita de la OEA.
En esa misma línea, Eliana Revollar — defensora del Pueblo interina — estimó que la cuestión de confianza fue inoportuna para el propio Ejecutivo, porque el «jefe de Estado ha solicitado a la Organización de Estados Americanos la activación de la Carta Democrática». Y añadió que dicho recurso solo alimenta a la polarización que existe entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Quien también opinó fue el destacado constitucionalista Domingo García Belaúnde. El jurista calificó de absurdo la exigencia del primer ministro. «No puede con una cuestión de confianza pedirle al Parlamento que vote una reforma constitucional. […] Ahora quieren forzar las cosas para hacer bulla», zanjó.
Respaldo
A pesar de los cuestionamientos, el congresista Pasión Dávila respalda la iniciativa del jefe del Gabinete Ministerial. Tanto es el apoyo que instó a la Mesa Directiva para que admitan a trámite el proyecto que el Gobierno de Castillo presentó el pasado 8 de abril. También pidió a sus colegas que tomen una buena decisión para solucionar la crisis política.
