El partido fujimorista está en proceso de una posible suspensión temporal de sus actividades políticas por dos años y medio. La mañana de este lunes, el fiscal José Domingo Pérez sustentó el pedido ante el Cuarto Juzgado Penal de Investigación Preparatoria. Además, el también integrante del Equipo Especial Lava Jato remarcó que existía una alta posibilidad de que Fuerza Popular (FP) reincida en actos delictivos.
«Hay una alta probabilidad de que la cúpula reitere en la misma acción. [Pueden] volver a utilizar a la empresa. [Con el objetivo de] captar dinero de procedencia presuntamente ilícita«, alertó el fiscal Domingo Pérez en la Sala Penal de Apelaciones.
Durante la audiencia, el fiscal Domingo Pérez remarcó que FP habría incurrido en el delito de lavado de activos en campañas partidarias. En primer lugar, señaló que este fraude se dio en nombre de la organización en dos casos. Con Fuerza 2011 y tmbién con Fuerza Popular.
En esta línea, el abogado del partido fujimorista, Christian Salas, declaró ante la Sala que no se podría solicitar el pedido solo con «presuntas sospechas». Así mismo, remarcó que se necesitan fundamentos reales para suspender a todo un partido político en medio de una contienda electoral.
El exprocurador anticorrupción precisó que el pedido debería ser declarado improcedente porque solo le compete al Jurado Nacional de Elecciones evaluar la demanda. Al término de la audiencia, Salas explicó que toda la cúpula «no tendría por qué pagar las consecuencias punible de algunos representantes».
«No es posible que un órgano jurisdiccional se pronuncie [respecto] a la actividad política de una organización. [Suspender al partido] es competencia exclusiva del JNE. Los cuatro procesados no son toda la organización política«, enfatizó el abogado Salas.
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Memorándum
El 17 de julio, la Fiscalía solicitó al Poder Judicial la suspensión de actividades de Keiko Fujimori y otros implicados en el caso ‘Cócteles’. Sin embargo, el requerimiento se postergó debido a una carga procesal que tuvo el juez Zúñiga meses antes de la audiencia.
En esta línea, el fiscal José Domingo Pérez indicó que habría una instrumentalización de la persona jurídica (Fuerza Popular) para la captación de los activos de Barata. El origen del dinero ilícito sería gracias al aporte de la empresa Odebrecht y otros empresarios para las campañas del 2011 y el 2016.
De acuerdo con el semanario Hildebrandt en sus Trece, Keiko Fujimori habría incurrido en aportes ilícitos dados por representantes del Banco de Crédito del Perú (BCP). Se presume que el BCP dio tres millones y medio de dólares a Fujimori Higuchi. Este monto se designó para la campaña del 2011 de la agrupación política.
Ante ello, el juez Víctor Zúñiga Urday tendrá que evaluar los argumentos y contraposiciones de la investigación para determinar el final de FP. El debate se cerró y Zúñiga Urday aclaró que se dará un plazo prudente ante el pedido del fiscal Domingo Pérez.
Si se aprueba el pedido, Fuerza Popular no podrá cumplir el calendario electoral para las próximas contiendas del 2021. Al respecto, Keiko Fujimori declaró que dicha suspensión significaría una «pena de muerte» para la agrupación política fujimorista.
