Más de setenta congresistas votaron a favor del Proyecto de Ley 1210-2021 que presentó Digna Calle Lobatón, parlamentaria de Podemos Perú que se reunió furtivamente con el ministro Willy Huerta en su vivienda. Esta iniciativa legislativa modificará la novena disposición complementaria, transitoria y final de la Ley 27046 para legalizar las invasiones en territorios indígenas que ocurrieron entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2015.
En el documento la autora principal criticó al Estado por no brindar hogares dignos a personas de escasos recursos, pese que existe «el reconocimiento del derecho a la vivienda con carácter fundamental y constitucional». Con dicha propuesta, según Digna Calle, se resolverán las necesidades de las comunidades campesinas. Pero la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap) cuestionó la aprobación de la formalización de las invasiones.
El cuestionamiento de Onamiap
La parlamentaria Digna Calle aseveró que el proyecto no contraviene el Convenio 169 de la OIT porque «el Estado debe reconocer y proteger las tierras ancestrales y tradicionales». Líneas más abajo arguyó que aproximadamente hace 60 años se está legalizando la posesión informal en el Perú, puesto que la población se adueñó de espacios abandonados «sin conocer la condición o naturaleza jurídica del predio». Incluso indicó que las familias en situación de pobreza invaden terrenos con la finalidad de «ser reconocidos por alguna institución pública», y así obtener un título de propiedad.
Sin embargo, la Onamiap señaló que la propuesta de Digna Calle vulnera los derechos de los pueblos indígenas. También precisó que dicha iniciativa legislativa no pasó por el proceso de consulta previa, libre e informada. «El Congreso aprobó este proyecto a pesar de que tanto el Ministerio de Vivienda como Sunarp señalaron que, de acuerdo con la normativa vigente y a la vulneración de derechos de pueblos indígenas, no se podía aprobar sin haber realizado el proceso de consulta previa», argumentaron.
En el documento, Digna Calle precisó que existen 568 pueblos con posesiones informales entre el 2004 y 2015. Con la aprobación, se formalizarían 65 564 lotes en territorios indígenas. «El Partido Podemos busca formalizar a los invasores de territorios indígenas, afectando gravemente a la propiedad comunal ancestral de los pueblos indígenas. Este proyecto de ley no fue consultado con las organizaciones indígenas del país. […] ¡Basta de atentar contra nuestros derechos colectivos!», juzgaron. Además, la mencionada organización exhortó al presidente Pedro Castillo que observe el dictamen de ley.
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Otras críticas al proyecto de Digna Calle
El especialista legal Juan Carlos Ruiz aseguró que el proyecto de Digna Calle es inconstitucional por dos motivos: contraviene el Convenio 169 de la OIT y transgrede la jurisprudencia de la Corte IDH respecto al derecho de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios. Además, indicó que hubo omisión de consulta previa a los pueblos indígenas y comunidades campesinas respecto a la modificación de la novena disposición complementaria, transitoria y final de la Ley 27046 para formalizar las invasiones en dichos lugares que ocurrieron entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2015.
En esa misma línea, la comunidad nativa Centro Arenal del pueblo Huitoto Murui en Amazonas coincidió con la perspectiva de Juan Carlos Ruiz y de la Onamiap, pues estimaron que la iniciativa de Digna Calle afecta a la propiedad comunal de los pueblos indígenas, por lo que debió ser objeto de debate con la sociedad y de consulta previa con los pueblos indígenas.
