El Poder Judicial absolvió al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos y a integrantes del Grupo Colina del asesinato del dirigente sindical Pedro Huilca, ocurrido en 1992 durante el gobierno de Alberto Fujimori. La decisión se adoptó este martes 31 de octubre.
La Cuarta Sala Penal Superior Nacional consideró que no existen pruebas suficientes para determinar la autoría del crimen contra Huilca, quien era secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y opositor del régimen fujimorista. El Ministerio Público anunció que apelará el fallo.
Contexto
El asesinato de Pedro Huilca en 1992 tuvo dos versiones iniciales: la del gobierno que responsabilizó a Sendero Luminoso, y la de los familiares que señalaron al Grupo Colina. Recién en 2016 la Fiscalía acusó formalmente a Montesinos y otros por este crimen.
La absolución se decidió por mayoría en la audiencia realizada la noche del martes, luego de un proceso judicial de más de 30 años. Los jueces Miluska Cano y Otto Verapinto consideraron que no existen suficientes pruebas para vincular a los acusados con el homicidio de Pedro Huilca.
Según los magistrados, los testimonios de los familiares que presenciaron el crimen «no son fuente de información para un fallo condenatorio», ya que no identificaron directamente a los autores. Asimismo, desestimaron el testimonio de un integrante del Grupo Colina que señaló a Santiago Martin Rivas como autor intelectual.
El juez Percy Ruiz emitió un voto discordante a favor de condenar a los acusados, al considerar que sí existía un móvil político del régimen fujimorista para eliminar a Huilca por ser un opositor al gobierno. Además, argumentó que el Grupo Colina seguía operando en la época del crimen.
Los principales implicados que resultaron absueltos tanto de la autoría material como intelectual del crimen son:
- Vladimiro Montesinos: exasesor presidencial de Alberto Fujimori. Está cumpliendo una condena de 25 años por otros casos de violaciones a derechos humanos.
- Los exmiembros del Grupo Colina: Santiago Martin Rivas, Julio Chuqui Aguirre, Jesús Sosa Saavedra, Wilmer Yarleque Ordinola y Nelson Carbajal García.
- Los exmandos militares: Nicolás Hermoza Ríos, Julio Salazar Monroe, Juan Rivero Lazo y Federico Navarro Pérez.
Todos ellos fueron señalados por la fiscalía de ser autores y partícipes del crimen contra Pedro Huilca, tanto a nivel operativo como de mando. Sin embargo, con la absolución quedan libres de cargos por este caso.
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Años de investigación
La decisión judicial se produjo luego de 31 años de investigaciones, acusaciones y juicios orales por el homicidio de Pedro Huilca. El dirigente sindical fue acribillado el 18 de diciembre de 1992 frente a su vivienda en el distrito de Los Olivos.
Inicialmente, el gobierno de Fujimori responsabilizó a Sendero Luminoso del crimen. No fue hasta el 2003 que un exintegrante del Grupo Colina, Clemente Alayo, reveló la participación de ese escuadrón paramilitar.
Recién en el 2016, la fiscalía presentó cargos contra Montesinos y los presuntos autores materiales e intelectuales. Desde entonces, los familiares de Huilca participaron en más de 190 audiencias exigiendo justicia.
Reacciones de la resolución
El Ministerio Público ya anunció que apelará la sentencia ante una instancia superior, mientras los abogados defensores expresaron su conformidad con la absolución.
La resolución judicial ha generado rechazo entre los familiares y sindicatos que lucharon durante años por esclarecer este crimen.
Indira Huilca, hija del dirigente asesinado, expresó en la red social ‘X’ su malestar por los argumentos «sesgados e irracionales» usados para absolver a los implicados. Consideró que el voto en minoría sí presentó pruebas contundentes para condenarlos.
Por su parte, Martha Flores, viuda de Pedro Huilca, afirmó que «todos sabemos que fue el Grupo Colina, Montesinos por orden de Fujimori». Exigió que se haga justicia ya que, en su opinión, existen pruebas irrefutables sobre los verdaderos responsables.
Ambas anunciaron que seguirán insistiendo para revertir la absolución en instancias superiores, debido a la evidencia que sí fue considerada en el voto en minoría.
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos respaldan a los familiares en su lucha por esclarecer este emblemático crimen cometido contra un dirigente sindical opositor durante el régimen fujimorista en la década de 1990. El desenlace del caso aún está por escribirse.
