El debate sobre la nueva Constitución marcará el gobierno de Castillo. Sin embargo, su bancada ya ha propuesto diversas medidas que, de aprobarse, significarían profundos cambios en el rol del Estado y del individuo. Lo último del oficialismo es la propuesta de controlar los diversos medios de comunicación del país, empezando por la radio y la TV minando con ello la libertad prensa y de expresión.
¿De qué trata el proyecto?
La iniciativa de Abel Reyes, con el respaldo de otros 6 legisladores incluido el hermano de Vladimir Cerrón, plantea que se declare de «necesidad pública e interés nacional la justa y equitativa distribución del electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión y otros medios de comunicación».
Sobre esto último, la iniciativa se presenta muy genérica. Ya que, con la última cláusula, podría alcanzar no solo a la radio y televisión, sino también, a otros medios escritos incluso en la web y todo medio que brinde información desde cualquier plataforma. Esto último nos llevaría al mismo nivel que Venezuela o Nicaragua.
¿Por qué controlar los medios de comunicación?
Se trata del proyecto de Ley N° 261-2021-CR presentado el 17 de septiembre. En su artículo 2° sostiene que el «medio de comunicación es un servicio público de competencia de la Nación en el que se encuentran comprendidos los derechos y libertades de los usuarios de estos servicios, el interés general, el principio de legalidad, el cumplimiento de los fines y deberes estatales, el funcionamiento eficiente y democrático de los contenidos».
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¿Qué más menciona?
En su artículo 4° indica que, en caso de emergencia, el gobierno podría dictar medidas «temporales que deberán ser cumplidas por los operadores, proveedores y usuarios de telecomunicaciones». También, con «carácter excepcional y transitorio», podría asumir temporalmente la prestación directa de determinados servicios o explotación de redes de telecomunicación.
Las críticas a los medios de comunicación actuales
La iniciativa añade que los medios de comunicación no estarían respetando el artículo 14° de la Constitución. «Sin embargo, en la realidad nacional se observa como los medios de comunicación se olvidaron de dicha colaboración con el Estado, así como la responsabilidad social que tienen, desconociendo cualquier forma ética en la difusión de sus contenidos», se precisa.
¿Cuál es el riesgo?
Al buscar controlar los medios de comunicación para que se informe de lo que, de acuerdo al criterio del Ejecutivo, sea lo más objetivo y beneficioso para el país; podría significar riesgos no solo hacia la libertad de opinión/expresión, sino también, a la libertad de prensa.
Esto le estaría quitando a los periodistas la posibilidad de análisis y a los medios su libertad de escoger su linea editorial. Así, deja sin lugar a las críticas contra el gobierno y la fiscalización de parte de los periodistas en su trabajo como el cuarto poder. Tal como sucede en las dictaduras.
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¿Esto ya se tenía planeado?
Desde la campaña electoral se vislumbró un duro enfrentamiento entre el oficialismo y los medios de comunicación. No solo porque el presidente cuando era candidato, fue uno de los que firmó una demanda contra Willax, sino que también, ya en el poder, la Defensoría y el Consejo de la Prensa Peruana han mostrado sus preocupaciones.
Recordemos que en la juramentación del gabinete solo la prensa oficial del país pudo transmitirlo. A ello se le suma la negativa de declarar las agresiones a periodistas que cubrían las incidencias de la campaña electoral.
Las contradicciones
Más allá del riesgo que significa hacia las libertades de prensa y opinión, podría considerarse que existen errores de técnicas legislativas al haber contradicciones e imprecisiones con lo expuesto en la Ley de Radio y Televisión. Esto, ya que si se quisiera hacer una modificación, se debería hacer con la ley actual y no emitir una nueva.
Finalmente, en cuanto al artículo 4°, ya existen disposiciones específicas para la colaboración de los medios durante los estados de emergencia. De aplicarse lo dicho en el proyecto, podría abrir la puerta a arbitrariedades.
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