La prestigiosa revista The Economist ha clasificado al Perú como un régimen híbrido por segundo año consecutivo en el Índice de Democracia 2024. Este índice evalúa el estado de la democracia en 167 países y territorios del mundo, según cinco criterios: proceso electoral y pluralismo; libertades civiles; funcionamiento del gobierno; participación política; y cultura política. Según esta clasificación, un régimen híbrido es un sistema político que combina elementos de democracia y autoritarismo, lo que implica una baja calidad democrática y una alta vulnerabilidad a crisis políticas y sociales.
El Perú ha caído dos puestos en el ranking global, pasando del 75 al 77, con una puntuación de 5.81 sobre 10. Esto lo sitúa al nivel de otros países latinoamericanos como México, Ecuador, Honduras, Guatemala, Bolivia y El Salvador, que también son considerados regímenes híbridos. En contraste, solo dos países de la región, Uruguay y Costa Rica, son catalogados como democracias plenas. Por otro lado, cuatro países de América Latina y el Caribe son calificados como regímenes autoritarios, donde el poder está concentrado en manos de una élite que restringe las libertades civiles, manipula los procesos electorales, controla los medios de comunicación y reprime la oposición. Estos países son Haití, Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Razones para calificar como régimen híbrido
Hay varias causas que han contribuido a esta situación. Una de ellas es el discurso populista de las autoridades políticas, que busca enmascarar la realidad y el desequilibrio institucional del país, ofreciendo soluciones simplistas y demagógicas a los problemas complejos que enfrenta la nación. Otra causa es la incertidumbre y las prolongadas protestas sociales que se han generado en los últimos años, debido a la crisis política, económica y sanitaria que atraviesa el Perú. El gobierno ha reprimido estas manifestaciones, lo que ha provocado decenas de muertos y heridos, generando preocupación en organismos internacionales de derechos humanos. Una tercera causa es la debilidad de la cultura política, que se refleja en el bajo conocimiento y aprecio por el sistema democrático, la alta tolerancia por el autoritarismo y la polarización extrema entre los diferentes sectores de la sociedad.
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La transición de Castillo a Boluarte
Estos factores se han agravado en el primer año de gestión de la presidenta Dina Boluarte, quien asumió el cargo tras la destitución y el arresto del presidente Pedro Castillo, luego de que este intentara disolver el Congreso para evitar un juicio político por corrupción. The Economist consideró el fallido golpe de Estado de Castillo como uno de los eventos más negativos para la democracia en el mundo en 2022 al compararlo con el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992. La transición ordenada a Boluarte no ha logrado revertir la clasificación del Perú como régimen híbrido, ya que su gobierno ha enfrentado una fuerte oposición social y política, que ha cuestionado su legitimidad y su capacidad para gobernar. Además, Boluarte presentó al Congreso un proyecto de reforma constitucional para convocar a elecciones generales anticipadas, lo cual generó más incertidumbre y desconfianza en el sistema político.
El uso del sistema judicial con fines políticos o personales
Los casos judiciales generados por las protestas y las acusaciones de corrupción también han afectado a la percepción de la calidad democrática del país. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, denunció constitucionalmente a la presidenta Dina Boluarte y a otros cinco exministros por los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves debido a su presunta responsabilidad en las 29 muertes ocurridas durante las protestas de diciembre de 2022. Sin embargo, algunos cuestionaron la denuncia debido a su oportunidad y sustento, ya que se presentó poco después de que se revelara la presunta organización criminal liderada por Benavides y la detención de su exasesor. Además, se consideró que la figura de genocidio no era aplicable al caso, pues no se demostró la intención de exterminar a un grupo específico.
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El informe realizado por la CIDH en el 2023
Otro hecho relevante ocurrió cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita al Perú en enero de 2023 para recabar información sobre la respuesta del Estado frente a las protestas sociales y presentar un informe final con recomendaciones al Estado peruano.
El representante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Gustavo Adrianzén, criticó al comisionado de la CIDH, Stuardo Ralón, por declarar al diario The New York Times que hubo un mal uso de la fuerza policial en el Perú durante las protestas. Adrianzén consideró que estas afirmaciones rompían el deber de reserva que debían tener las partes hasta que se diera a conocer el informe final.
Los familiares de las víctimas de las protestas han exigido justicia y reparación por parte del Estado, presentando demandas de amparo contra la denuncia constitucional de Benavides, alegando que vulnera sus derechos a la verdad, a la tutela judicial efectiva y a la igualdad ante la ley. Sin duda, estos hechos llaman la atención a nivel internacional y aumentan la percepción de que el Perú atraviesa una crisis política y social que afecta su calidad democrática.
La corrupción perjudica a la percepción de la democracia
La impunidad es otro de los factores que reduce el puntaje del Perú en el índice de democracia, especialmente en el criterio de funcionamiento del gobierno, que mide la capacidad, transparencia y rendición de cuentas de las instituciones públicas. Según un informe de Transparencia Internacional 2023, el Perú se ubica en el puesto 121 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción, con una puntuación de 33 sobre 100, lo que indica un alto nivel de corrupción en el sector público. El informe también señala que el Perú es uno de los países con menor capacidad para sancionar la corrupción, debido a la debilidad de su sistema de justicia, la interferencia política, la falta de independencia y la corrupción interna. La impunidad genera un clima de desconfianza, descontento y deslegitimación de las instituciones democráticas, y también incentiva la repetición de conductas corruptas.
En conclusión, el índice de The Economist tiene algunas implicancias negativas para el Perú, sobre todo a nivel externo pues puede afectar la percepción internacional del país y su capacidad para atraer inversiones y cooperación. Por ello, es necesario que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo tomen medidas para transparentar la información, responder a las investigaciones sobre las protestas, fortalecer las instancias autónomas como el JNE, la ONPE y la Junta Nacional de Justicia. Asimismo, es necesario que los ciudadanos se informen, participen y exijan una mejor calidad democrática, que garantice el desarrollo y el bienestar de la nación.
