Las promesas de campaña electoral parecen ser siempre un borrador que se disipa con la misma determinación con la que se propusieron. Sin embargo, para quienes están por elegir al próximo presidente de la República, ningún compromiso debería pasar inadvertido. Para poner en mesa de análisis la viabilidad de cada propuesta, Diario el Gobierno conversó con Pedro Hernández Chávez, especialista en derecho constitucional y profesor de la USMP.
¿Desactivar el Tribunal Constitucional?
«Ante una afirmación así, percibo que la persona que lo propone no tiene idea de lo que es el Estado constitucional, de democracia, de la separación de poderes, del TC y evidentemente tampoco de lo que es el control del poderío institucional». Así pues, Hernández considera que a pesar de que exista insatisfacción con las instituciones, la solución no es «descabezarlas o desaparecerlas».
Además, advirtió que ello demuestra que hay un desconocimiento en los temas básicos que debería manejar alguien que postula a la primera magistratura del Estado. Por el contrario, desconocer el tema y apostar por propuestas inviables significaría «sumir al país en el rompimiento de la institucionalidad».
«El Tribunal Constitucional ha tenido una función importante en la consolidación de la democracia a pesar de producir posiciones criticas al respecto de sus sentencias. Lo cierto es que ha enfrentado situaciones como la última crisis política sin salirse de los causes constitucionales».
Soberanía Nacional
A raíz de las experiencias que el Perú está teniendo en diversos organismos internacionales como la «Corte», cabe la posibilidad de pisar terreno y visualizar en qué tratados nos vamos a adherir o no. Al respecto, Hernández indicó que es un tema en demasía complicado; aún así, se debe tomar en cuenta que hay cosas que podrían manejarse y revisarse.
Ahora bien, para él «no es correcto hacerlo, sobre todo cuando el Estado no termina de garantizar la protección de los derechos fundamentales». Esto, en razón de que el motivo por el cual nos encontramos dentro de tratados internacionales es porque «el Estado no puede darle al ciudadano la tranquilidad que necesita para vivir de manera civilizada».
Libertad de expresión y prensa
Según el jurista, existe una suerte de «mercado de expresión», en el que la gente tiene y puede activar el control social para determinar la severidad de la información y consumir el contenido que considere, y en otros casos, «condenándolo».
Además, anotó que a titulo personal prefiere «mil veces la libertad y la sanción de los excesos que la prohibición; porque esta última, conduce al camino de la intolerancia, autoritarismo, y totalitarismo».
¿Cambio de constitución o reforma constitucional?
Sobre el tema, destacó que el cambio se da cuando «su fórmula política o su esencia ya no da para más. Es decir, cuando ya no es posible hacer una interpretación de esa norma». Lo que no quita el espacio para buscar actualizarla siguiendo el camino constitucional, el mismo que permite adaptar esos aspectos.
En efecto, no cree que el país se encuentre en un ambiente real para buscar su cambio. Más bien, considera que debe entenderse que la Constitución no genera una realidad; por ende, se debe diferenciar lo político de lo jurídico pues, mientras la norma actual pueda seguir siendo vigente al contexto, y el modelo económico pueda seguir actuando aunque con cosas por corregir, «no creo que sea responsable ver esto como una salida», finalizó.
