El pasado lunes 27 de noviembre del presente año, el equipo especial contra la corrupción del poder ingresó a la oficina del asesor de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides. La funcionaria pública es acusada de liderar una red criminal, y las pruebas encontradas involucrarían a entidades como la ANC, JNJ y el Congreso de la República.
El operativo de la Eficcop estuvo respaldado con un acta de la Fiscalía en conjunto con la Policía Nacional, en la “Operación Valquiria V”. Sus asesores Miguel Girao, Abel Hurtado y Jaime Villanueva son también investigados como miembros de la presunta red.
Allanamiento
En el marco de la operación realizada, se encontraron diversos documentos que resultan de especial interés para la investigación contra la fiscal. En primer lugar, la PNP logró hallar trozos de la resolución de destitución de Maria Barreto, quien ejercía como fiscal de la coordinación del equipo especial. Se presume que Barreto habría iniciado indagaciones sobre la fiscal. Ante esto, la madrugada del lunes 27 de noviembre convocó a sus asesores para discutir su respuesta. La conclusión fue la firma de destitución, que aunque era un borrador, dicho lunes en la noche la salida de la funcionaria fue oficializada.
Asimismo, se apreció la existencia de un archivo de la Autoridad Nacional de Control (ANC) con el nombre “Barreto Rivera”. Ésta posee una investigación disciplinaria en su contra por parte de esta institución, a cargo de Juan Fernández Jeri. La evidencia recolectada indicaría que desde la oficina de Benavides se estaba muy al pendiente del proceso en cuestión.
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Irregularidades
Se percibe un ambiente sospechoso si tenemos en cuenta que la ANC es considerada independiente de las decisiones de la Fiscalía de la Nación. Por ello, la vinculación entre ambas instituciones debería ser nula, preservando autonomía e independencia. Un precedente importante es el caso del fiscal Rafel Vela, quien se opone a los intereses de Benavides y corre riesgo de suspensión por parte de la ANC.
Por otro lado, se rescató una lista de denuncias constitucionales de la fiscal de la Nación en contra de diversos parlamentarios. En relación a esto, su asesor Jaime Villanueva estaba dedicado a negociar el archivamiento de estas investigaciones. En retorno, esperaba votos dedicados a resguardar el poder de Benavides de dentro del órgano estatal.
Por último, resaltar el comunicado de la Gerencia de Tecnología de la Fiscalía, que indica una suspensión del sistema informático en su totalidad. Dado que tanto computadoras como laptops son las que guardan las pruebas contra la fiscal, y que el anuncio sucedió inmediatamente después, existe mucha incertidumbre.
