Desde la década de 1950, el Perú no enviaba un embajador político a Bolivia; es decir, a un personaje de confianza del Ejecutivo en vez de un diplomático de carrera. Sin embargo, el gobierno de Pedro Castillo está rompiendo con las tradiciones del servicio exterior nacional desde la polémica designación de Héctor Bejar.
El 15 de septiembre, las autoridades bolivianas aceptaron a Carina Palacios como representante peruana en La Paz. «El Gobierno Estado Plurinacional de Bolivia ha concedido el Beneplácito de Estilo para que la señora Carina Ruth Palacios Quincho desempeñe las elevadas funciones como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República del Perú, ante el Estado Plurinacional de Bolivia», se lee en el documento publicado ayer por El Comercio.
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¿Quién es Carina Palacios?
Palacios es una de las fundadoras del partido oficialista y secretaria de relaciones exteriores del mismo. Durante la última contienda electoral, también postuló al Congreso de la República con el número 4 para representar a los peruanos en el exterior. Pero, su candidatura no tuvo la misma suerte que la de otros miembros del partido del lápiz y no alcanzó una curul. A pesar de ello, se le permitió formar parte de la comisión de transferencia de Desarrollo Agrario y Riego, por lo que se mantuvo cerca del actual jefe de Estado.
Antes de su fallido intento de llegar al Hemiciclo, ocupó dos cargos en el Gobierno Regional de Junín mientras estaba encabezado por Vladimir Cerrón. Primero, ocupó la dirección de la Agencia Agraria Jauja, y luego lideró la Dirección Regional de Agricultura de Junín (DRAJ). Dicho último nombramiento fue en su momento cuestionado por Diario Correo, que reveló que Palacios apenas se había titulado como ingeniera agrónoma un año antes.
¿Qué dice la Ley?
Si bien nuestra legislación permite al presidente nombrar embajadores políticos, han habido antecedentes en que estos funcionarios carentes de formación especializada han sido cuestionados. Ante ello, en octubre de 2020, el excongresista Alexander Lozano de Unión por el Perú, presentó un Proyecto de Ley para eliminar la designación de embajadores políticos. La propuesta resalta que «la formación multidisciplinaria que imparte la Academia Diplomática resulta necesaria para representar al Perú en el mundo».
«Está claro que el espíritu de la ley (del servicio diplomático de la República) consiste en que sean diplomáticos de carrera quienes lleven las riendas de las relaciones exteriores del Perú, sin embargo, con una disposición complementaria, esto se distorsiona ya que la quinta parte de ellos pueden ser políticos».
Proyecto de Ley para eliminar la designación de embajadores políticos
Polémico nombramiento ante Bolivia
Para ahondar en las implicancias de la designación de Palacios, El Gobierno conversó con José Antonio Saavedra Calderón, Director Ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Internacional y Comparado, y docente de la carrera de relaciones internacionales en la USIL. Para él, «mientras no se encuentre un terreno político más estable, no deberían hacerse nombramientos que podrían entenderse de manera sospechosa».
Además, enfatiza en que «no podemos cerrar los ojos a una situación muy puntual: este es un gobierno de izquierda». En ese sentido, explica que nombrar a una fundadora de Perú Libre «no debería sorprendernos». Ello porque la designación ratifica el mensaje armonía ideológica con la administración boliviana mostrado desde la campaña electoral de Castillo.
Saavedra espera que se mantenga la agenda bilateral existente con La Paz, pero añade que se podría dar énfasis a otros asuntos para fortalecer la relación interestatal. No descarta que se evalúe «otorgar alguna concesión marítima a Bolivia para temas comerciales». Y adelanta que la explotación del litio, un recurso de alta demanda para la industria tecnológica mundial, también podría ser parte de una nueva agenda.
¿Cuál es la solución?
Aunque Palacios está bajo cuestionamiento, el especialista en derecho internacional destaca que «si algo caracteriza a la Cancillería es tener un equipo profesional. Además de las personas que nombren como embajadores, hay al menos tres funcionarios de planta que le explican al embajador como funciona el protocolo». Por ello, apela a las capacidades de nuestro servicio diplomático para salvaguardar nuestras representaciones en el exterior.
Respecto a la posibilidad de eliminar a los embajadores políticos como se planteó en 2020, Saavedra descarta que esta sea la solución. «Yo creo que lo que garantiza la eficacia de nuestra política exterior es que tengamos ese 80% de embajadores de carrera, pero también tiene que haber un margen político», señala. Como argumento, cita la buena gestión de Manuel Rodríguez Cuadros ante Naciones Unidas o Harold Forsyth en la OEA. Ambos, tras jubilarse del servicio diplomático, ahora son embajadores políticos.
Sin duda, es posible que sigan presentándose casos similares, pero, como menciona nuestro entrevistado, solo resta apelar a nuestros funcionarios diplomáticos para proteger nuestra política exterior.
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