Vladimir Cerrón, líder del partido político Perú Libre, lleva más de 300 días huyendo de la justicia peruana tras recibir una condena por el delito de colusión en perjuicio del Estado en el denominado ‘Caso del aeródromo Wanka’. A pesar de su condición de fugitivo, Cerrón ha mantenido su presencia en la vida política del país, utilizando las redes sociales y plataformas digitales para comunicarse con sus seguidores y miembros de su partido.
Recientemente, Cerrón sorprendió al aparecer en una asamblea de su partido, conectándose desde la clandestinidad para dirigir un discurso de aproximadamente 47 minutos. Durante su intervención, que varios congresistas de su partido, como Waldemar Cerrón, Kelly Portalatino y otros, siguieron atentamente, el líder de Perú Libre criticó lo que denominó «guerra jurídica» en su contra, señalando que buscan politizar la justicia. «Esta guerra de quinta generación es la guerra jurídica, es la politización de la justicia. Si bien es cierto, no desangra físicamente, pero puede eliminar a un individuo de manera elegante sin hacer un solo tiro», declaró Cerrón en su mensaje, transmitido a través de las plataformas digitales.
Promesas y más promesas
El paradero de Cerrón ha sido un tema recurrente en las declaraciones del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien aseguró recientemente que ya conocen la ubicación del líder de Perú Libre y que su captura es inminente. «Él está en el Perú. Hay cuestiones que nosotros tenemos que ver. Nosotros sabemos el radio donde se ubica, sabemos dónde está en la jurisdicción», afirmó Santiváñez, aunque hasta ahora no han logrado detenerlo. Estas declaraciones reflejan las promesas de sus predecesores en el cargo, quienes también hablaron de una pronta captura sin resultados efectivos.
El expresidente del Congreso, Luis Gonzales Posada, calificó la reciente aparición de Cerrón como «una burla» hacia el sistema de justicia y criticó la participación de congresistas en eventos que promueven a un condenado por la justicia. Esta actitud ha generado un creciente malestar entre diversos sectores políticos y de la sociedad civil, que exigen una acción más decidida por parte de las autoridades para poner fin a la fuga de Cerrón.
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Muchos soles a la espera
En octubre del año pasado, el Ministerio del Interior (Mininter) incluyó a Vladimir Cerrón en el Programa de Recompensas, ofreciendo 100 mil soles por información que conduzca a su captura. El Poder Judicial impuso una condena de tres años y seis meses, lo que motivó esta medida. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos y la oferta de recompensa, Cerrón ha logrado evadir a las autoridades, lo que genera cuestionamientos sobre cómo obtiene información sobre los operativos de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Las sospechas de complicidad dentro del círculo político de Cerrón han aumentado, especialmente después de conocerse la presunta comunicación entre la congresista Kelly Portalatino y el líder prófugo. Estos hechos han exacerbado las dudas sobre la eficacia de las medidas adoptadas por las autoridades y han avivado las críticas hacia el gobierno de Dina Boluarte, a quien algunos acusan de proteger a Cerrón para evitar posibles declaraciones en su contra.
Liderazgo digital
A pesar de su situación legal, Cerrón utiliza activamente las redes sociales para comentar sobre temas políticos actuales y para recordar el aniversario de Perú Libre, el partido que llevó a Pedro Castillo a la presidencia. Esta estrategia le ha permitido mantener su influencia sobre una base significativa de seguidores y dentro de su partido, lo que añade una capa adicional de complejidad a la búsqueda de su captura.
Mientras tanto, las autoridades continúan bajo presión para resolver este caso, que sigue generando controversia en la política peruana. La capacidad de Cerrón para evadir a la justicia y seguir influyendo en la vida política del país plantea serias preguntas sobre la eficacia de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley en Perú.
