La Procuraduría ha apelado la decisión que beneficiaba a Martin Vizcarra con la “Ley Soto” frente a una petición ascendente a los cuatro años de prisión por parte de la Fiscalía. Si la Corte Superior de Justicia de Moquegua resuelve en contra del ex presidente, éste podría ir a juicio, declarando nula la prescripción de su proceso judicial.
Esto significa que Vizcarra aún no puede librarse de su caso de corrupción relacionado con la represa Chirimayuni, que se remonta al 2011 y que estaba declarado como prescrito por esta cuestionable legislación.
Ley Soto
Esta polémica modificación, la cual fue llevada a cabo por el Congreso el presente año, reduce el plazo de prescripción. Es decir, se limita el tiempo en el que el delito en cuestión podía ser investigado y sancionado. Ello favoreció a Vizcarra al estipularse como prescrito su delito por negociación incompatible, de parte de un juzgado de Moquegua en el marco del caso de la Represa Chirimayuni. Así, el juez ordenó archivar el proceso contra el ex presidente, aunque dicha decisión sólo sea de primera instancia, por lo cual no es definitiva.
Frente a esto, la Procuraduría inició acciones en el asunto y apeló la resolución, pidiendo una revocación para que Vizcarra pueda ir a juicio. A todo esto, el juez dio pie a la apelación, lo cual hizo elevarla a una sala superior que pueda emitir el pronunciamiento final. Cabe resaltar que la concesión tiene un efecto suspensivo, lo que significa que mientras que la sala de apelaciones siga en silencio, el proceso del ex gobernador regional sigue en curso sin prescripción vigente.
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Caso Chirimayuni
Si se retrocede al 2011, cuando Martín Vizcarra ingresaba al poder, éste se vinculó al proyecto de la represa Chirimayuni y consorcio del mismo nombre. En este marco es en el que se le acusa de permitir tres pagos de valorizaciones. Esto pese a que la Contraloría le haya otorgado un informe sobre riesgos de incumplimiento de contrato por parte del consorcio. Asimismo, concedió el “pago de valorización por servicios no realizados en favor del consorcio Chirimayuni”, cuando éste debía impedirlo.
Ahora bien, según el Ministerio Público, el perjuicio económico de Vizcarra al gobierno regional de Moquegua es de S/ 697,226.41. Para ello, la Fiscalía pide una condena de 4 años y 8 meses de prisión, junto a 1 año y 8 meses de inhabilitación. Por otro lado, la Procuraduría Anticorrupción solicita el pago de una reparación civil por el monto de S/ 766,949.05.
