La situación legal del actual candidato al Congreso por Somos Perú, Martin Vizcarra, es una incógnita. Pues, el día de hoy, el Poder Judicial decidió dejar a voto el rechazo al pedido de prisión preventiva en el marco del caso «Club de la Construcción».
De esta forma, mediante la 1ra Sala de Apelaciones el PJ evalúo la apelación al rechazo del pedido de prisión preventiva. Tras escuchar a ambas partes, los magistrados informaron que deliberarán y los involucrados serán notificados en las siguientes 48 horas.
Por su parte, la fiscal adjunta, Teresa Tapia, del Equipo Especial Lava Jato, consideró a diferencia de la jueza que rechazó el pedido de prisión preventiva, que la campaña al Congreso de Martín Vizcarra no constituye un arraigo laboral porque no percibe sueldo y que, además, no determina la certeza de que vaya a ocupar un cargo.
Por el contrario, para la representante del Ministerio Público el expresidente tiene «facilidades» para abandonar el país y permanecer en el extranjero. Debido a que, como lo había sustentado en su momento el fiscal Juárez, el actual candidato al Congreso tiene «experiencia en sucesivos viajes».
Martín Vizcarra
Al respecto, Martín Vizcarra insistió en denunciar una persecución política en su contra. Recordando que, actualmente debe desarrollar su postulación al Congreso «con 15 acusaciones constitucionales del Congreso, con pedidos de prisión preventiva de la Fiscalía, con tachas y exclusiones de representantes de otros partidos políticos».
También, rechazó el pedido de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía. En esa línea, argumentó que no encuentra motivos que sustenten esta solicitud; además de cuestionar que ninguna de las investigaciones del caso «Lava Jato» han llevado a un empresario a la cárcel.
Para concluir, manifestó que no tiene intenciones de salir del país. «No me voy a recluir en un hospital, menos en una embajada. Amo a mi país y aquí me quedo para trabajar por su desarrollo y enfrentar este tipo de acusaciones sin sustento y sin ningún argumento. Confío en el Poder Judicial, en su independencia», sentenció.
Dato importante
El informe final de las acusaciones Constitucionales 423 y 427, correspondientes al escándalo de las vacunas conocido como «Vacunagate», recomiendan inhabilitar de cualquier cargo público a Martín Vizcarra por 10 años. También que Pilar Mazzetti, exministra de Salud, y la excanciller, Elizabeth Astete, sean inhabilitadas por ocho y un año, respectivamente.