Expresidente Martín Vizcarra busca restablecer la suspensión que lo inhabilitaba de ejercer el cargo público por 10 años. El Poder Judicial acepta a trámite la demanda de amparo que presentó el exjefe de Estado para anular la decisión del Congreso de la República.
El Poder Judicial pasó a trámite la demanda de amparo que presentó el expresidente Martín Vizcarra para inhabilitar la decisión del Congreso de la República. El exjefe de Estado fue inhabilitado para ejercer cargo público por 10 años por haber recibido de forma irregular la vacuna contra el covid-19 en octubre del año 2020.
«Admitir la demanda de proceso de amparo interpuesta por Martín Alberto Vizcarra Cornejo contra el Congreso de la República, Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y Comisión Permanente del Congreso de la República», se lee en el documento.
Martín Vizcarra y su lucha por ejercer un cargo público
La jueza Rocío Rabines Briceño tomó aquella medida en atención a un fallo de la Primera Sala Constitucional de Lima. Esta inhabilitó una anterior resolución donde se declara improcedente dicha demanda de amparo y manda a la magistrada a emitir un nuevo pronunciamiento en este caso.
Por ello, la magistrada, a cargo del Sexto Juzgado Constitucional de Lima, programó para el próximo 10 de octubre la audiencia virtual. Ahí se volverá a examinar esta demanda de amparo con la participación de exmandatario y su defensa legal. Además, estará el Procurador del Congreso, para así poder difundir un nuevo pronunciamiento al respecto.
Asimismo, la jueza Rabines Briceño determinó remitir la demanda de amparo al Congreso. Por ello, deberá responder en un plazo, no superior a los cinco días, la demanda que ha interpuesto el exjefe de Estado.
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La suspensión para ejercer el cargo público que el Parlamento Nacional impuso a Martín Vizcarra, le impidió asumir el cargo de congresista. Pese a ser uno de los que obtuvo mayor votación en las Elecciones Generales 2021.
En la resolución se especifica que la denuncia por infracción constitucional contra el expresidente «no ha respetado el debido proceso en su manifestación del derecho a la defensa, plazo razonable, debida motivación y principio de legalidad».
Por ende, solicitaron al Poder Judicial «que se restituya las cosas al estado anterior a la violación de sus derechos constitucionales, se declare nulo todo lo actuado y se proceda a la recalificación de las denuncias antes señaladas».
