Recordemos el Caso Chirimayuni
El expresidente Martín Vizcarra fue gobernador regional de Moquegua (2011 – 2014) y, de manera posterior, asumió el cargo presidencial (2018 – 2020). El mencionado caso se relaciona con el proyecto «Construcción infraestructura de riesgo represa Chirimayuni», proyecto gestionado durante el cargo de Vizcarra como gobernador regional.
Es así que en el año 2016, la Fiscalía interpuso una investigación a Martín Vizcarra por, presuntamente, incurrir en el delito de negociación incompatible. La Fiscalía atribuye a Vizcarra el haber permitido el pago de las valorizaciones N.° 4, 5, 6, pese haber recibido de la Controlaría riesgos del incumpliendo del contrato. En ese sentido, se señala que el mandatario debió haber impedido que se viabilice su pago.
Dado el cargo presidencial que ejercía el entonces presidente, la acusación se hizo efectiva en el año 2019. Recientemente, se programó el lunes 30 de octubre el inicio del control de acusación y sobreseimiento.
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¿Qué señala la Ley Soto?
La Ley N.° 31751, establecida por Alejandro Soto, señala en su artículo 89 que «la suspensión de la prescripción no podrá prolongarse más allá de los plazos que se disponen para las etapas del proceso penal u otros procedimientos. En ningún caso dicha suspensión será mayor de un año».
Definitivamente, la presente normativa permite que los plazos de investigación se acorten. En principio, de acuerdo a la normativa, el presente caso prescribió en el 2021. Sin embargo, sin el uso de esa ley, el presente caso continuaría en investigación por las autoridades correspondientes.
Por su parte, el expresidente afirma que no se ha beneficiado con la presente normativa con las palabras siguientes:
«Están equivocados al decir que yo he recurrido a esa norma, no es así. El juez a cargo de esta investigación ha declarado de oficio la excepción de prescripción de la acción penal. Ni yo ni mi abogado ha solicitado la aplicación de esta norma. Es el Poder Judicial que, de oficio, ha hecho la aplicación de esta norma al ver que se aplicaba a este proceso de investigación» declaró en una entrevista.
Una norma sujeta a críticas
En el presente caso, Vizcarra señala que el Poder Judicial ha aplicado la presente normativa de oficio. No obstante, el exgobernador no ha sido el primer beneficiado con esta regulación. También encontramos a Vladimir Cerrón, Joaquín Ramírez y el mismo titular del Congreso, Alejandro Soto.
Respecto al caso en mención, también fue acusado el exfuncionario César Ramos, quien finalmente fue condenado por ocho años al incurrir en el delito de peculado. Sin embargo, en la situación de Martín Vizcarra, aparentemente, el caso se encontraría prescrito.
