El pasado jueves 4 de enero del presente año, el Poder Judicial dictó 12 meses de impedimento de salida para Martín Vizcarra, ex presidente de la República. El ex gobernante del país, ha sido acusado de recibir más de dos millones de soles en coimas y sobornos al momento en que se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua.
Medida
La solicitud del fiscal Atoche fue acogida en cierta medida por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Cabe resaltar que el fiscal anticorrupción pedía dieciocho meses de restricción para el ex mandatario. Según el funcionario, la medida ha sido adoptada con el fin de evitar que exista alguna fuga por parte del acusado.
En sus declaraciones, ha dicho lo siguiente: “No existe otra alternativa menos gravosa que cumpla con la finalidad, pues se busca asegurar la presencia del procesado en la etapa de juzgamiento y así cumplir con el fin del proceso, el cual es llegar a la verdad de los hechos”.
Recordemos que Vizcarra se encuentra inhabilitado por cinco años para el ejercicio de cualquier función pública desde el año 2022. Esto debido a su investigación abierta por vincularse con ciertas empresas durante su cargo de ministro de Transportes y Telecomunicaciones (2016-2018). Por otro lado, el político posee otra inhabilitación por diez años sin ocupar un cargo público por vacunarse a escondidas contra la Covid-19 en el marco del caso “Vacuna Gate”.
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Acusación
El expresidente fue acusado por la Fiscalía de la Nación como receptor de una serie de sobornos del conocido “Club de la construcción”. Estos habrían favorecido a proyectos de irrigación en Lomas de Ilo y en la construcción del Hospital de Moquegua. Estos casos dentro de su cargo de gobernador regional de dicho departamento.
A todo esto, en marzo del 2021 se dio pie al proceso penal, que se basa en ciertas declaraciones por parte de aspirantes a colaboradores eficaces con la Fiscalía. Las acusaciones fueron sobre pagos que Vizcarra supuestamente recibió por parte de las empresas para licitar dichos proyectos.
Asimismo, se hizo una solicitud al Poder Judicial, de parte del fiscal Germán Atoche, para establecer una pena de 15 años de prisión. El delito sería de cohecho pasivo en agravio del Estado a raíz del caso en cuestión.
Los desembolsos hechos habrían superado el millón de soles, esto por las empresas Astaldi y Obrainsa. Además, existe otro pago de 1.3 millones de soles provenientes de la firma ICCGSA-INCOT. Frente a todo esto, la jueza Margarita Salcedo confirma una fuerte sospecha de recepción de coimas. Por ello, considera imprescindible garantizar el proceso, preparándose así para la llegada de un inminente juicio.
