El pasado martes, la presidente de la CONFIEP, María Isabel León de Céspedes, se pronunció, en una nota de prensa, sobre el caso Vacunagate, después de confirmarse la vacunación de 487 personas, entre ellos, funcionarios públicos como la exministra de Salud Pilar Mazzeti y la excanciller Elizabeth Astete.
Tras lo acontecido, reafirmó la voluntad del sector privado en continuar apoyando las gestiones frente al traslado de las vacunas para intensificar los esfuerzos por la vacunación masiva contra el COVID-19. Además, ofreció su logística para el almacenamiento y la distribución de las mismas dentro de las regiones del país.
Por otro lado, agregó que «el sector empresarial acelerará las coordinaciones con el Estado para que todos los peruanos puedan recibir la vacuna contra el COVID-19 lo más pronto posible».
Respecto a la forma en la que actuaron los vacunados de la «lista de la vergüenza» para poder acceder de forma presuntamente irregular a las vacunas de Shinopharm, expresó:
«Resulta doloroso, inadmisible e indignante, que mientras el país conocía y apoyaba que sean los médicos y enfermeras, quienes a diario se ven con la muerte en la lucha contra la COVID-19, los primeros en ser inmunizados, ahora nos enteramos que hubo un grupo de altos funcionarios del Estado que se ‘saltaron’ la fila a espaldas de todos».
Finalmente, manifestó que «en la actualidad no existe plan alguno en ejecución, cualquier acción que sea adoptada será en colaboración y con autorización del Gobierno y los entes rectores en materia de salud».
