El Tribunal Constitucional emitió una decisión determinante en el ámbito de la justicia peruana al ordenar que el abogado Marco Tulio Falconí asuma el cargo de miembro titular de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La misma surge a raíz de la declaración de fundada de la demanda de amparo interpuesta por Falconí contra la Comisión Especial encargada de la selección de los integrantes de la JNJ, revirtiendo así su previo nombramiento como miembro suplente.
Antecedentes del nuevo miembro de la JNJ
Falconí ha sido objeto de diversas controversias a lo largo de su carrera. Uno de los episodios más cuestionable ocurrió durante su presidencia en el Club Internacional de Arequipa en 2011. Según Epicentro TV, durante su mandato, una auditoría realizada por la firma Weis & Asociados reveló hallazgos comprometedores, señalando a Falconí como presunto responsable de compras y contratos poco diligentes en perjuicio del club. Entre los hallazgos más controversiales se encontraba la autorización de la compra de tres terrenos por un valor significativo. Ello en una zona declarada intangible por el Instituto Nacional de Cultura.
En respuesta a estas acusaciones, Falconí adoptó una estrategia inusual de defensa. Argumentó un «dolor del alma» causado por la auditoría y presentando un análisis psicológico que describía su angustia emocional ante las revelaciones. Además, durante su proceso de postulación a la Junta Nacional de Justicia en 2019, surgieron nuevas controversias relacionadas con la integridad académica de Falconí. Se descubrió que algunos párrafos de sus libros no habían sido correctamente citados.
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Detalles sobre la exclusión inicial de la JNJ
En el año 2020, Marco Tulio Falconí Picardo fue excluido de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), a pesar de haber logrado la quinta posición en el concurso con un puntaje de 81.50. Ello, en teoría, le aseguraba su designación como miembro titular de la JNJ. Su exclusión estuvo marcada por una serie de controversias y cuestionamientos sobre su idoneidad para ocupar el cargo.
Uno de los principales puntos de discordia fue la bonificación otorgada en su puntaje de selección debido a su presunta afiliación a las Fuerzas Armadas. Así, surgieron acusaciones relacionadas con su formación académica. Previamente, había afirmado haber recibido educación en una institución militar, cuando en realidad se trataba de una institución educativa militarizada. Y es que Falconí sí había estudiado en el Colegio Militar Francisco Bolognesi de Arequipa y obtuvo el grado de Sargento Segundo del arma de Infantería. Sin embargo, la Autoridad Nacional del Servicio Civil determinó que no le correspondía ninguna bonificación de 10%. Ello debido a que no había realizado servicio militar acuartelado o no acuartelado.
Además de este cuestionamiento, se pusieron en tela de juicio los supuestos vínculos de Falconí con el ex juez supremo César Hinostroza. Este último estaba implicado en el escándalo conocido como «Los Cuellos Blancos del Puerto». Se alegó que había mantenido una serie de llamadas telefónicas con Hinostroza, señalado como el líder de la organización criminal. En total, se registraron 21 llamadas entre Falconí y Hinostroza durante el periodo comprendido entre 2015 y 2017, mientras Falconí ejercía como congresista. De estas, la mayoría fueron realizadas por Falconí a Hinostroza.
Estas acusaciones generaron dudas sobre la integridad y la imparcialidad de Falconí para desempeñar su función en la JNJ, en su momento. Lo cierto es que, en el año 2019 Falconí fue designado como miembro suplente en lugar de miembro titular de la JNJ para el período 2019-2024. Por ello, no pudo formar parte del panel de la Junta hasta hace unos días.
Fallo TC: Intercambio de posiciones con Thornberry
La controversia se desencadenó cuando Falconí presentó una demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC), en el mes de enero de 2020, tras la negativa para ser miembro titular de la JNJ por parte de la Comisión Especial encargada de la selección de los integrantes de la junta. Falconí argumentó que se le había privado de un debido proceso -vulneración de sus derechos constitucionales- en el proceso de selección. Este debido procedimiento administrativo, a la defensa, a la debida motivación y a la igualdad ante la ley.
El TC, en ese sentido, en su fallo con fecha 26 de febrero de 2024 determinó que existían fundamentos «sólidos» para declarar fundada la demanda de amparo. El tribunal encontró que Falconí había sido privado de su derecho a un debido proceso durante el proceso de selección. Ello invalidaba la decisión de la Comisión Especial de destituirlo como miembro titular de la JNJ. Por ende, ordenó la revocación del nombramiento previo de Falconí como miembro suplente de la JNJ y dispuso su juramentación como miembro titular de la Junta.
La JNJ juega un papel esencial en la selección y supervisión de jueces, fiscales y autoridades electorales. Cualquier manipulación de su labor pone en riesgo la democracia y los derechos ciudadanos.
El abogado de Falconí criticó la decisión del fallo, argumentando que limita el mandato de Falconí hasta fines de 2024 en lugar de restaurar su periodo completo para reparar el daño causado por su exclusión injusta. Actualmente, Falconí ocupa el puesto de miembro titular, mientras que Guillermo Thornberry pasó a ser el primer suplente en la tabla de orden de méritos.
Este acontecimiento tiene lugar en un momento crítico para los defensores de la separación de poderes y la independencia judicial en el Perú, ya que el Congreso de la República está a punto de destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. La Comisión Permanente ha aprobado un informe que recomienda su acusación por violar mandatos constitucionales. Esto debido a una interpretación del criterio de límite de edad apuntando hacia su inhabilitación por 10 años.
