La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República rechazó la reconsideración de la votación que archivó de la denuncia contra Manuel Merino. Como se recuerda, el exmandatario, su expremier Antero Flores y el exministro del Interior Gastón Rodríguez fueron culpados por las muertes de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado en las protestas de noviembre del 2020. En aquella fecha el congresista de Acción Popular ocupó el sillón de Pizarro tras la vacancia del expresidente Martín Vizcarra.
El congresista de Cambio Democrático, Edgard Reymundo, formuló la solicitud al mostrarse en contra de la votación emitida el pasado 17 de junio. Con 6 votos a favor y 6 votos en contra, el pedido de reconsideración no procedió en el Parlamento. La votación impidió el avance de la Denuncia Constitucional 132, la cual fue por la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por la presunta omisión del delito de homicidio en agravio de Jordan Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez.
Como se recuerda, ambos jóvenes perdieron la vida por la represión policial de las protestas de noviembre del 2020. Además, los casos fueron expuestos por diversos medios de comunicación y periodistas, quienes estuvieron en el lugar durante los hechos. También se pide la investigación por los delitos de lesiones graves y leves en agravio de Fermín Marlon Cruz Ances y otras 78 personas; el cual se encuentra tipificado en los artículos 106, 121 y 122 del Código Penal.
Defensoría del Pueblo se pronuncia cuestionando decisión de la subcomisión sobre Manuel Merino
La Defensoría del Pueblo recordó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que «deben evitar la impunidad frente a las violaciones de Derechos Humanos». Asimismo, enfatizaron que se debe permitir la investigación exhaustiva la posible «responsabilidad penal del expresidente Manuel Merino y exministros en los hechos del 11/20».
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Asimismo, el adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo se mostró crítico ante la decisión final. Además, expresó su rechazo ante la negación de la reconsideración del caso, ello frente a la necesidad de encontrar posibles responsabilidades en los involucrados.
«La idea era se permita que se investigue ampliamente en el ámbito del Ministerio Público y el Poder Judicial todos niveles de responsabilidad involucrados en los hechos. Lastimosamente, eso no va a poder ocurrir con esta decisión», señaló en una entrevista para El Comercio.
En la misma línea, agregó que la Defensoría del Pueblo está coordinando una reunión con los familiares de Inti Sotelo y Bryan Pintado a fin de determinar qué acciones se seguirán. Al respecto, mencionó que es posible presentar una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual llegará hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
«Es un procedimiento que puede tomar un tiempo, pero existe jurisprudencia consolidada en la corte y la comisión sobre el tema. Teniendo un informe sobre los hechos, probablemente puedan dispensar un trámite célere para investigar y pronunciarse sobre esta situación», explicó para el medio citado.