La situación de Pedro Castillo se torna complicada. El legislador Edward Málaga Trillo empezará a recolectar firmas en el Congreso con la finalidad de oficializar una tercera moción de vacancia por incapacidad moral permanente. El parlamentario no agrupado afirmó que este es el momento de apartarlo de la presidencia, porque «existen hechos e indicios objetivos de corrupción». Incluso señaló que Castillo carece de propuestas para superar la crisis política que él mismo desencadenó.
En el documento actualizado, Málaga arguyó que la vacancia «resulta una alternativa legítima». Según el informe, el presidente Castillo, sindicado como líder de una organización criminal, se vio envuelto en «malos manejos en la gestión del Estado que —a estas alturas— representan una seria amenaza contra el futuro social, político y económico del Perú».
Haciendo hincapié en los presuntos actos de corrupción del mandatario, en sus faltas éticas y en la vulneración de principios de separación y equilibrio de poderes al corromper al Legislativo, el congresista Edward Málaga intentará promover la vacancia presidencial.
En señal abierta, comentó que existen varios caminos para remover a Castillo del cargo. El primer argumento consiste en el desmantelamiento y copamiento del aparato estatal mediante designaciones de altos funcionarios con graves cuestionamientos, «favoreciendo así los intereses del presidente y sus allegados».
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Designaciones
El congresista Edward Málaga indicó que Pedro Castillo designó a personas cuestionadas y prontuariadas durante su mandato. Para fortalecer esta acusación, mencionó a los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado, investigados por integrar una organización criminal que lideraría el jefe de Estado. Asimismo, criticó los nombramientos de Guido Bellido y Aníbal Torres como premieres. Para Málaga, ambos funcionarios fomentaron el odio y resentimiento entre compatriotas. «Exacerbaron sus diferencias étnicas, sociales y económicas; y utilizaron el aparato estatal para azuzar a la población de diversas regiones del país en contra del Legislativo».
Además, reprobó el Gabinete de Mirtha Vásquez Chuquilín por los nombramientos de cinco personas cuestionadas: Rubén Ramírez, Victor Maita, Carlos Gallardo, Luis Barranzuela y Walter Ayala. Este último —no debe olvidarse— presionó a generales y comandantes de las Fuerzas Armadas para ascender a cinco militares cercanos a Pedro Castillo. También cuestionó —entre otras decisiones— las designaciones de Betssy Chávez como ministra de Trabajo; de Dina Boluarte como ministra de Desarrollo e Inclusión Social; y de Andrés Alencastre como ministro de Desarrollo Agrario y Riego.
Incluso, de acuerdo con Málaga, Pedro Castillo aprovechó la Ley del Servicio Diplomático para proponer a personas cercanas al Gobierno como embajadores políticos. Málaga recordó, además, que Richard Rojas García, exjefe de la campaña de Castillo y hombre de confianza de Vladimir Cerrón, está siendo investigado por lavado de activos. Por lo tanto, carece de formación para asumir un puesto como representante del Perú. Otro caso similar fue el de los hermanos Isabel y Eliseo Soria Reátegui.
De la misma forma, mencionó a una exfuncionaria del Gobierno Regional de Junín —durante la gestión de Vladimir Cerrón— que fue cuestionada por presuntamente haber firmado documentos como ingeniera pese a que en ese entonces no tenía título universitario. Se trata de Carina Palacios Quincho, a quien —además— le propusieron ser embajadora en Bolivia.
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Actos de corrupción
Otro de los argumentos que sustentan la moción consiste en los actos de corrupción acaecidos durante el Gobierno de Pedro Castillo. En ese punto, el congresista recordó que el mandatario afronta una investigación por el presunto encubrimiento en el caso de fuga de Bruno Pacheco. Además, recurrió a los casos Puente Tarata y PetroPerú, así como a los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, para sustentar la vacancia.
Incluso hizo hincapié en que el mandatario lideraría una organización criminal desde el Ministerio de Transporte y Comunicaciones que busca dirigir licitaciones públicas. Asimismo, indicó que Pedro Castillo ostentaba un «Gabinete en la Sombra». Este sería un grupo que también encabezaría el mandatario para copar las instituciones públicas con la intención de generar activos ilegales. Además, habrían captado a congresistas mediante entregas de direcciones y ministerios a cambio de emitir votos favorables para el Gobierno del profesor.
El legislador Edward Málaga ratificó que Castillo y su entorno cercano están involucrados en casos de corrupción. A pesar de las acusaciones, el mandatario no aclaró las imputaciones en su contra. «Aludiendo una campaña de desprestigio, se encargó de atacar a la prensa y de victimizarse. […] Estos indicios revelan que el presidente Castillo ha actuado al margen del interés público, y que su continuidad en el cargo constituye una afrenta para el país», arguyó en el documento.
