El domingo 13 de marzo se revelaron chats de la excongresista Luciana León, donde fuerza a exfuncionarios para favorecer convenios vinculados a Los Intocables Ediles. “Que paguen más” se pudo leer cuando la exaprista pedía más dinero por favores a Los Intocables Ediles.
Chapitas
Luciana León y Augusto Narvarte señalaron que un depósito de 5.000 dólares ya se había realizado. “Betsy (exasesora de León) me cuenta: ya depositaron en la cuenta de la chaparra”, escribió la excongresista. Su esposo respondió: «Le digo ¿5 chapitas? Borra, bebé».
“Cuando hablamos de depósito, chapitas o por decir algún tipo de monto de dinero irregular, hablamos de una presunción de actos de corrupción”. “Cualquier acto de pago de coimas a un funcionario público, definitivamente podría dar lugar a un acto de cohecho que en términos sencillos es un delito de corrupción de funcionarios”.
Romy Chang, abogada
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Investigaciones a Alfredo Thorne
En las conversaciones publicadas también se manifiesta Alfredo Thorne, exjefe de la cartera del MEF durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. El exministro manifestó que durante su dirección “no se le aprobó ningún proyecto” solicitado por León, pero, expresó que le “rompía el celular con llamadas”.
Se extendieron otros mensajes de Betsy Matos, exasesora, quien desafió a Thorne por burlarse de ella. “Primero, me reuní contigo, comentaste que podía ser con excedente de ministerios; sin embargo, este funcionario come ca##. Mira lo que firma. Entonces, que no me pasee y sincérate pues. Deja de mecerme”, formuló.
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Denuncia Constitucional
La Fiscal de la Nación interpuso una denuncia constitucional contra la exparlamentaria aprista por varios presuntos delitos, a través de un oficio.
La exparlamentaria, Luciana León, es acusada de la presunta «comisión en calidad de autor de los delitos de tráfico de influencias agravado». También se le imputan delitos de «organización criminal, cohecho pasivo impropio y peculado doloso por apropiación en agravio del Estado peruano. «Según investigaciones, Luciana León era el brazo legal y político encargado de ofrecer su amplia red de contactos con políticos y altos funcionarios, así como interceder y gestionar ante ellos para satisfacer los requerimientos y necesidades de la organización delictiva con claros fines económicos.
La admisión de la acusación constitucional en el Pleno es un requisito para que se pueda lograr un proceso penal contra la exparlamentaria.
