El 13 de septiembre, la legisladora del partido Avanza País, Adriana Tudela, presentó el Proyecto de Ley N.° 5903/2023-CR, buscando establecer una nueva Ley del Cine. La propuesta varía diversos elementos de la ley vigente, la cual se implementó a través del Decreto de Urgencia N.° 022-2019 el 8 de diciembre de 2019, fecha en la que Martín Vizcarra gobernaba sin la fiscalización del Congreso. Los puntos a resaltar de su propuesta, y la razón de su polémica, ha sido su enfoque en los subsidios estatales.
Algunas de las propuestas más polémicas son que los subsidios no podrán superar el 50 % del costo total de la producción y la creación de una ventanilla única de autorizaciones de filmación en el territorio peruano a través de PromPerú. Alega, también, que los estímulos de la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO), favorecen especialmente a las producciones en lenguas indígenas, creando así un marco de exclusión.
Críticas recibidas
Frente al proyecto de ley presentado, diversas agrupaciones gremiales y trabajadores de la industria nacional han alzado la voz en contra. Un pronunciamiento con la firma de 48 gremios y 785 directores y profesionales afirmó que la propuesta congresal no consultó a ninguna de estas organizaciones. En consecuencia, el colectivo que envió este documento a la agencia de noticias EFE, «En defensa del cine peruano» busca su deslegitimación.
Quienes firmaron aseguran, además, que la propuesta atenta contra la cultura, la diversidad, la libertad de expresión y la de creación, así como en perjuicio del cine de lenguas originarias. A los reclamos se les suma también la Unión de Cineastas Peruanos (UCP), quienes llaman a mantenerse «vigilantes ante el riesgo de que un esfuerzo de décadas que ha logrado el consenso de productores y organismos del estado, se pierda en medio de iniciativas que no tienen ese consenso».
Su respuesta
A todo esto, la congresista por Avanza País responde argumentando que su proyecto de ley no atenta contra el cine local, pues no abolirá su financiamiento, sino limitará los subsidios a estas producciones. Asimismo, se espera un aumento de inversión en la industria mediante incentivos tributarios que atraigan al sector privado.
Además, propone que las obras grabadas en el país accedan a la ayuda estatal, lo cual, sumado a la baja tasa impositiva causará un boom cinematográfico que beneficiará también a los cineastas peruanos. Por último, declara que la propuesta ha sido fuertemente analizada y comparada con legislaciones similares a las de países como Nueva Zelanda, España, Chile o México.
¿Quiénes la respaldan?
Las dos personalidades principales que sostienen junto a ella esta propuesta son los congresistas Alejandro Cavero y Patricia Chirinos, pertenecientes a su partido Avanza País. En defensa del proyecto, Cavero realizó declaraciones polémicas, pues señaló que existe una «discriminación positiva» a favor de las producciones regionales en lenguas originarias.
Sumado a esto, arremetió contra dichas producciones asegurando: «No veo una sola película que haya ganado absolutamente nada. Son muy malas estas películas, nadie las va a ver al cine. Y finalmente se lo reparte la misma argolla de siempre».
En referencia a esta «argolla» también alzó la voz Ernesto Álvarez Miranda, expresidente del Tribunal Constitucional, publicando lo siguiente: «El proyecto de optimizar lo que se invierte en el cine es de tal sentido común que, oponerse, delata el apoyo interesado a la argolla que vive de los impuestos, sin querer competir ni mejorar».
