El pasado 12 de octubre, Pedro Castillo solicitó que se active la Carta Interamericana Democrática de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Posteriormente, Luis Almagro, el secretario general de la OEA, convocó a una sesión del Consejo Permanente de la organización. En esta se abordó la solicitud remitida por el presidente y se acordó activar la Carta Democrática y enviar una misión al territorio peruano para «hacer un análisis de la situación».
Consecuentemente, surge la interrogante de las implicancias que podría llegar a tener la participación de la OEA en el caso de Pedro Castillo. Recordemos que el presidente fue denunciado constitucionalmente por la fiscal de la nación, Patricia Benavides, por liderar una organización criminal enquistada en el Gobierno. Por ende, se vuelve necesario explorar los efectos que puede llegar a tener la intervención de la OEA en relación con el futuro político del cuestionado presidente.
Relación de Castillo y la OEA
El apoyo de Luis Almagro hacia la gestión de Pedro Castillo se ha hecho evidente desde el comienzo de su gobierno. En diciembre del 2021, Almagro visitó el territorio peruano acompañado por el embajador Harold Forsyth. En esa ocasión, aunque Castillo enfrentaba un proceso de vacancia en el Congreso que lo acusaba por incapacidad moral permanente, Almagro solo tuvo halagos para él.
Posteriormente, el 5 y 6 de octubre del 2022 —durante la 52° Asamblea General—, Almagro también se pronunció sobre la situación política del Perú. De igual forma que la vez anterior, Almagro apoyó a Castillo y replicó el mensaje que tanto Harold Forsyth, César Landa y el mismo Castillo querían comunicar a la comunidad internacional.
Por tanto, tras la denuncia constitucional de la Fiscalía en contra del presidente, este acude a la OEA para seguir ejerciendo presión internacional a su favor. Ello, debido a que el Congreso estaría preparando una acusación constitucional en contra del presidente, lo que conllevaría a su expulsión del Palacio a través de las vías de la vacancia, inhabilitación o suspensión.
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Implicancias de la misión
Recordemos que la OEA es una organización que carece de la facultad para promulgar acuerdos vinculantes. Es decir, todo acuerdo realizado en la OEA funciona como una sugerencia a los estados miembro, quienes tienen la potestad de decidir si acatarlos o no. Además, al ser el pedido de Castillo un requerimiento a nivel de Estado, era previsible que los estados miembros lo aprueben para mantener buenas relaciones diplomáticas con el Perú. Sin embargo, aunque Almagro apoye a Castillo, el enviar la misión no significa que la OEA piense igual. Más aún, el vocero de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos de América, en un reciente pronunciamiento, se mostró a favor de la rendición de cuentas del presidente y, por ende, de la labor de la Fiscalía.
En cuanto a la misión a ser enviada por la OEA, esta solo visitará al Perú para entrevistar a distintas autoridades de los poderes del Estado. Por lo tanto, no solo escuchará la versión de Pedro Castillo, sino que también se reunirá con el Congreso, Fiscalía y demás personas que considere apropiado. Adicionalmente, su participación culminará con la elaboración de un informe donde se incluirán diversas sugerencias, exhortaciones y recomendaciones para el Perú. No obstante, este documento no detendrá en lo absoluto las investigaciones en la Fiscalía ni la labor del Congreso.
